Las licencias de explotación de las centrales nucleares caducarán en un plazo aproximado de ocho años, entre los años 2020 y 2024. El parque nuclear español está envejecido, puesto que la mayoría de las plantas están a punto de cumplir los cuarenta años de vida útil. Sin embargo, la dotación del fondo destinado al desmantelamiento y a la gestión de residuos radiactivos no cuenta con el capital suficiente para hacer frente a futuras necesidades de financiación de sus actividades.
En concreto, presenta un desvío de más de 1.400 millones de euros, según informó el Tribunal de Cuentas. Así lo denuncia también Greenpeace, que explica que la financiación disponible para su desmantelamiento no alcanza el 30% de la financiación total necesaria para llevarlo a cabo. De hecho, fue auditado por el Tribunal de Cuentas en el año 2014 y cuestionó su sistema de financiación. “Este porcentaje es el más bajo de los países europeos occidentales para los que se dispone de información y sólo los antiguos países del Este presentan porcentajes inferiores”, asegura la organización ecologista.
Se trata de un fondo dirigido por Enresa, empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos y del desmantelamiento de centrales nucleares, y abastecido a través de tasas, impuestos y peajes costeados por distintas instalaciones, entre ellas las nucleares.“El fondo para la financiación y la gestión de los residuos que tiene Enresa fue auditado por el Tribunal de Cuentas y se vieron dos cosas. Por un lado que el fondo no cuenta con un buen diseño contable para gestionar los residuos y, por otro, que está infradotado”, aclara a este diario Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace. “Enresa sabe que con los residuos nucleares que se han producido tendría que gastarse 20.200 millones de euros de aquí a 2085 y apenas llegar a tener cubierto un 30% de ese dinero. Es uno de los puntos clave que denunciamos”, añade la portavoz de la organización. Enresa es una compañía pública que depende del Ministerio de Industria y, por lo tanto, del Gobierno de España.
Por otro lado, Greenpeace revela que a pesar de esta situación, el Ministerio de Industria continúa tramitando licencias para tratar de ampliar la vida de distintas centrales nucleares. Denuncia la “falta de coherencia” en la gestión de la energía nuclear por parte del Ejecutivo. “Está tramitando una licencia para ampliar la vida de Garoña a 17 años más, por encima de los 40 años de su vida útil. El plan general de residuos en activo, que también depende del Ministerio de Industria, caducó en el año 2010 y no se ha actualizado. Ese plan dice que sólo contempla una vida útil de 40 años para las centrales nucleares mientras que por otro lado están pretendiendo dar licencias por más de 40 años. Hay una falta de coherencia absoluta en como se está gestionando la energía nuclear en este país”, lamenta Montón.
Aunque las empresas implicadas han pagado las tasas solicitadas, los cálculos erróneos de Enresa han dejado el fondo desabastecido, tal y como apuntó el organismo público. “Desde el año 2010 no han subido ni actualizado las tasas. Esos son los motivos por los que ese fondo no está bien dotado. No se están actualizando las tasas que tienen que pagar las centrales nucleares. Ese fondo hay que revisarlo todos los años porque los costes y los precios suben y hay que hacer revaloraciones”, dice Montón. La organización sostiene que la falta de fondos puede provocar que sean los ciudadanos los que asuman el coste. “Si no hay fondos lo vamos a pagar todos nosotros a través de nuestros impuestos porque es evidente que no se puede dejar de gestionar los residuos, no se pueden abandonar y dejar a la intemperie”, afirma la portavoz de la organización ecologista.
Greenpeace apuesta por el cierre gradual de las centrales nucleares y sostiene que ese paso al frente generaría un impacto positivo tanto en el ámbito medioambiental como laboral. Según un informe elaborado por la organización, el desmantelamiento de las plantas y la gestión de residuos sumado al desarrollo de otros sistemas energéticos supondrían la creación de 300.000 puestos de trabajo: 10.000 destinados al desmantelamiento de las centrales y 200.000 al desarrollo de energías renovables.
Marina García-Rico