Los únicos beneficiados de la ayuda al alquiler concedida por la Comunidad de Madrid en 2015 no han sido los 4.170 solicitantes que han logrado soportar la exhausta maraña burocrática que se exigía para optar a ella y se situaban en un umbral de renta muy inferior al que en un principio se exigía. Sino que de esta polémica subvención también se ha beneficiado el colectivo de los registradores de la propiedad, al que pertenece el presidente del Gobierno y el PP, Mariano Rajoy. Los registradores han ingresado con ella casi 700.000 euros.
El Gobierno madrileño ha dejado a 8.778 personas sin la ayuda pese a cumplir los requisitos inicialmente exigidos, por falta de presupuesto. Pero eso no ha impedido, sin embargo, que el Registro de la Propiedad haya ingresado 15 euros por cada una de las 46.076 solicitudes presentadas.
El pasado 29 de diciembre, el expresidente madrileño, Ignacio González (PP), aprobó una ayuda al alquiler que le permitiera encarar mejor el año electoral. Entonces, no podía imaginar que su iniciativa iba a contar con tanto éxito de convocatoria. El Gobierno regional pensaba recibir en torno a 20.000 solicitudes, pero al final las oficinas de registro donde se podían entregar las solicitudes estuvieron colapsadas durante los días que estuvo habilitado el plazo de presentación (a principios de marzo).
El presupuesto con el que contaba la ayuda era excesivamente limitado (10 millones de euros), y teniendo en cuenta que cada beneficiario tendría derecho a percibir 200 euros mensuales para el pago del alquiler del año 2015, ya se podía prever que la polémica estaba asegurada.
Los requisitos no eran especialmente estrictos; y eso ha agravado aún más la situación de crispación que se ha generado en torno a esta subvención. En principio se pedía a los solicitantes tener en vigor un contrato sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no residir en una vivienda de titularidad de las Administraciones Públicas, contar con residencia legal en España, carecer de cualquier otro inmueble en propiedad y la unidad familiar o de convivencia debía de tener unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM ponderado. O lo que es lo mismo, todos los habitantes de la casa no podrían sumar rentas de más de 26.092 euros anuales, y además esa cifra variaría ligeramente en función del número de personas que convivan en la misma casa.
Al final no fueron 20.000 personas las que se animaron a presentar la solicitud, sino 46.076. Una avalancha de casos que estudiar por los funcionarios de la administración, que se vieron superados por la situación y tardaron casi siete meses en publicar el listado definitivo de admitidos. Hoy ya sabemos que 8.778 solicitantes que a priori cumplían todos los requisitos se han quedado sin percibir la subvención. Y que la renta baremada se cerró en 4.008,42 euros anuales. O lo que es lo mismo, los 26.092 euros anuales que en principio se permitían para dar de paso la solicitud, finalmente se han visto reducidos a 4.008 euros por persona de la unidad de convivencia del domicilio por falta de presupuesto.
El nuevo negocio de los registradores de la propiedad
Esto no hubiera sido tan polémico si por lo menos solicitar la ayuda no hubiera supuesto ningún gasto para los ciudadanos. Pero el caso es que las 46.076 personas que finalmente se animaron a solicitar la ayuda tuvieron que pagar alrededor de 15 euros para obtener dos de los certificados que la Comunidad de Madrid les requería: una nota simple para demostrar que no tenían una vivienda en propiedad y un certificado del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad correspondiente a la vivienda arrendada. Lo que ha convertido al gremio de los registradores de la propiedad en uno de los principales beneficiarios de esta ayuda social.
Según ha explicado la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras a ESTRELLA DIGITAL, este gasto era necesario puesto que “la Nota Simple del Registro de la Propiedad es la única forma de acreditar” que no se tiene otra vivienda en propiedad, “uno de los requisitos para percibir la ayuda”. “Para poder acceder directamente al Registro se debería firmar un convenio de colaboración con los registradores, que hasta la fecha no les ha interesado suscribir, precisamente, porque minoraría su arancel que es lo que financia su gestión”, ha asegurado el Gobierno regional.
Un gremio al que por cierto pertenece el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y al que se le ha acusado desde varias instancias de haber “intentado beneficiar” durante su mandato. Ya en junio de 2012, la Organización de Consumidores (OCU) se quejó ante el presidente del Gobierno y todos los grupos parlamentarios del Congreso de una subida de aranceles de registradores y notarios para los consumidores en los casos de cancelación de hipoteca. Una subida que además se hizo por la puerta de atrás; utilizando para ello una disposición adicional del Real Decreto-ley 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero que obligaba a los ciudadanos a asumir gastos y costes.
Un año después, el que fuera ministro de Justicia, Alberto Gallardón, anunció la Ley de Jurisdicción Voluntaria (que fue aprobada en abril de este año en el Congreso) que permitía tramitar bodas y divorcios a los notarios y a los encargados del Registro Civil. Una nueva fuente de ingresos para un sector que había visto disminuir sus ingresos por la crisis. Y que volvería a verse engordada este mismo año después de que el Gobierno pagara cuatro millones de euros al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan haciendo la gestión de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin que hasta ahora recibieran cantidad alguna.
Ahora, el negocio también está en las ayudas al alquiler. ESTRELLA DIGITAL se ha puesto en contacto con el Colegio de Registradores de la Propiedad para comprobar si efectivamente se han negado a «suscribir» un convenio de colaboración con las administraciones públicas para evitar que gente sin recursos tenga que pagar dinero para solicitar una ayuda. Este diario no ha obtenido ninguna respuesta. Cabe recordar que para solicitar la famosa Renta Básica de Emancipación promovida por el Partido Socialista en 2008 no hacía falta presentar ninguno de estos certificados que supone el pago de un arancel. Aquella ayuda, derogada en 2011 cuando el PP llegó a La Moncloa, era superior a la de la Comunidad de Madrid: ascendía a 210 euros mensuales durante cuatro años.