En un escrito remitido esta mañana al Tribunal Supremo el ministerio público pide a la Sala que desestime las peticiones de libertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa.
Entre sus argumentos, la Fiscalía esgrime que «el ambivalente dato del transcurso del tiempo» desde que están en prisión debe valorarse en todo caso como un «aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena» para los seis acusados de rebelión.
Todos ellos solicitaron la libertad una vez el juicio quedó visto para sentencia el pasado miércoles al entender que ya no era necesario asegurar su presencia en la vista y que no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar.
Pero para el ministerio fiscal, el mantenimiento de la prisión preventiva es «incluso más necesario una vez terminado el juicio» ante la inminencia de la sentencia, que adquiriría «inmediatamente firmeza», un dato que, destaca, «no se puede obviar».
Es decir, que «se acrecienta la obligación de asegurar el cumplimiento y ejecución» de la sentencia.
Los fiscales tienen en cuenta lo expresado por los acusados en el turno de última palabra, en el que, «lejos de cualquier sentimiento de arrepentimiento, han insistido hasta el final en el frontal rechazo a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento».
Un ejemplo, a juicio de la Fiscalía, de que concurre la reiteración delictiva, además de los otros dos presupuestos a tener en cuenta para mantenerles en prisión provisional: la gravedad del delito y el riesgo de fuga.
La gravedad del delito se plasma en las conclusiones definitivas del ministerio público -que pide entre 16 y 17 años de cárcel para ellos- y el riesgo de fuga en la «imposibilidad de ejecución de una eventual sentencia condenatoria» y la «posibilidad evidente» de frustrarla cuando se encuentra «en los albores de su gestación o redacción».
Sin olvidar «la conexión con otros procesados -siete, entre ellos Carles Puigdemont- que se han sustraído a los tribunales españoles y cuyos pasos podrían seguir» estos, además de «la posibilidad de contar con una estructura organizada con reconocida capacidad económica para soportar el coste (…) de la aventura fugitiva».
Estrella Digital