El fiscal Manuel Fernández Guerra ha continuado hoy exponiendo su informe final, concretando la participación en los hechos investigados de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados, en los que basa su acusación.
En el caso de Griñán, para el que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, ha señalado que «no cabe la menor duda» de que como consejero de Hacienda era uno de los destinatarios previstos en la norma de los informes de control financiero permanente de la agencia pública IDEA, encargada de pagar las ayudas.
En esos informes el interventor alertó del «uso inadecuado» de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para abonarlas y de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».
Redacción