El presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, no ha reconocido este lunes las acusaciones en su contra a pesar de admitir que era «el responsable de las compañías» del cabecilla de la red, Francisco Correa.
«¿Reconoce usted las acusaciones en su contra?», ha preguntado la fiscal Concepción Sabadell a lo que Crespo ha contestado: «No, en absoluto». «Era público y notorio que las sociedades eran del señor Correa», ha concretado poco después.
Crespo ha afirmado que en noviembre de 2008 le llegaron rumores de que «desde el despacho» del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se estaba organizando una operación contra el PP «con policías amigos y gente de confianza».
En su declaración como acusado en el macrojuicio de Gürtel, Crespo ha contestado así a la pregunta de la fiscal de si había recibido rumores de que había una operación en marcha antes de las detenciones de Gürtel ordenadas por el juez Baltasar Garzón en febrero de 2009.
Crespo ha respondido que sí, que cuatro meses antes le contaron que desde el despacho de Rubalcaba y con ayuda de Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad, se estaba organizando «una operación que realmente iba dirigida contra el PP» y en la que estaba involucrado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, por su relación con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.
Fue por esos rumores, ha continuado, por lo que se mostró nervioso ante Correa al sospechar que sus teléfonos estaban pinchados, tal y como queda reflejado en una conversación intervenida por Garzón en la que Correa llama «paranoico» a su número dos.
La fiscal le ha preguntado entonces quién le trasladó esos rumores, a lo que ha dicho que no iba a revelarlo porque es «una persona que no viene al caso».
Crespo ha reconocido que cuando se sospechó investigado acudió a una persona conocida de Correa que se las jactaba de ser juez y se ofrecía a verificar si había «intervenciones legales o ilegales de los teléfonos«, pero que resultó ser un «timador».
Crespo, para quien la Fiscalía pide 85 años y seis meses de cárcel, ha comenzado hoy a declarar afirmando que no reconoce los hechos que le imputa el ministerio público
Esther Esteban