La falta de transparencia y la sombra de la corrupción han desatado la indignación de los vecinos afectados que se oponen a la construcción de la central térmica de biomasa de León. Las organizaciones ecologistas, por su parte, también han mostrado su preocupación y han cuestionado su viabilidad. Creen que detrás del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de León y la empresa SOMACYL, investigada por malversación de fondos públicos, se esconde una posible trama especulativa. El plan para desarrollar la edificación industrial, supuestamente diseñada para producir energía eléctrica a través de recursos biológicos, ha suscitado dudas e incógnitas aún sin resolver. Aún así, la administración leonesa ya ha solicitado subvenciones a la Comisión Europea para poner en marcha su iniciativa. Hay seis millones de euros en juego.
Muchas preguntas y poca información. Nadie sabe cuál será la potencia de la instalación ni la cantidad exacta de biomasa que deberá utilizar para que el funcionamiento de la central sea rentable. “Sin esos datos no es posible determinar ni el impacto ambiental ni la viabilidad económica del proyecto”, denuncia Ecologistas en Acción (EA). De hecho, ni siquiera se ha realizado un informe de impacto ambiental. “Para que el uso energético de la biomasa en instalaciones centralizadas sea realmente sostenible deben darse una serie de condiciones que esta asociación considera no se dan en la provincia de León”, afirma la organización ecologista. Sostiene que “no tiene sentido” invertir millones de euros en centrales térmicas alimentadas por biomasa forestal sin asegurar el suministro viable del recurso.
Aunque la Administración leonesa ha anunciado que la instalación suministrará calefacción y agua caliente a diversos edificios públicos y las comunidades de vecinos de los edificios situados en los alrededores, este objetivo no ha convencido a los residentes de la zona. Los vecinos de Eras de la Renueva, de Cantamilanos e Inmaculada se oponen al proyecto. Es más, Ecologistas en Acción advierte de que la contrapartida podría provocar un desastre medioambiental.
Tóxicos peligrosos
“La planta a instalar en el municipio de León generará energía térmica a partir de la quema de materia orgánica, astillas o pellets de madera en cantidad que se desconoce hasta su conversión en cenizas. En este proceso se emite a la atmósfera monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y otros tóxicos peligrosos como el cancerígeno benzopireno, que deterioran la cantidad de biomasa que se incinere”, sostiene EA. La asociación también teme que los días de viento dominante las emisiones de la instalación afectarán “no solo a los barrios próximos”, también “a la mayor parte de la población de León y su alfoz”. “Estas emisiones su sumarán a la contaminación producida por el tráfico y a la que llega de la central térmica de carbón de La Robla y de la cementera, autorizada a quemar anualmente 95.000 toneladas de residuos”, añade.
Además, la organización ecologista teme que el plan del consistorio leonés oculte una trama corrupta apoyada también por la empresa SOMACYL, adscrita a la Consejería de Fomento y Medioambiente para desviar fondos públicos. “Podríamos estar ante otro proyecto especulativo, promovida por SOMACYL, que con la excusa de fomentar el uso de energías renovables, desviará más de seis millones de dinero público a las empresas que resulten adjudicatarias”. De hecho, Ecologistas en Acción ha querido recordar la controvertida situación en la que se encuentra la compañía. “Cabe recordar que la empresa pública SOMACYL está acusada de presunta malversación de fondos públicos por adjudicar proyectos a empresas de familiares de altos cargos de la Junta de Castilla y León, con escándalos como el de la pasarela de Benavente o el edificio “la perla negra” de Arroyo de la Encomienda”, lamenta la asociación.
Ecologistas en Acción defiende que si el objetivo de la Administración es reducir el consumo de combustibles fósiles mediante el uso de biomasa el dinero público debería invertirse de otra manera. “Debería destinarse prioritariamente a subvencionar la rehabilitación de inmuebles para hacerlos más eficientes y la sustitución de calderas obsoletas de carbón y fuel en viviendas y PYMES”, concluye la organización.
Marina García-Rico