Un total de 293 millones de euros. Es la cantidad de dinero público destinada hasta ahora a la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas en Cuenca y que pende de un hilo. Desde que el último Consejo de Ministros del año 2011 eligiera el pueblo conquense para construir el almacén temporal centralizado (ATC), el vaivén de polémicas no ha cesado. Dimisiones, batallas políticas, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, mucho dinero en juego y prisa por adjudicar contratos.
Enresa, la empresa pública encargada de la gestión del proyecto, parece haber acelerado durante los últimos meses el proceso de licitaciones para emprender las obras de las instalaciones a pesar de que todavía no cuenta con los permisos necesarios. Tal y como publica la propia compañía en su página web oficial, entre septiembre de 2014 y mayo de 2015 lanzó seis contratos que en estos momentos se encuentran pendientes de adjudicación por valor de 256 millones euros. Por otro lado, ya hay cuatro contratos adjudicados por valor de 34 millones de euros y dos formalizados de tres millones de euros. Sin embargo, la construcción del ATC todavía no se ha llevado a cabo puesto que no ha obtenido las autorizaciones necesarias para comenzar las obras que deben tramitar el Ministerio de Industria Energía y Turismo, el Ministerio de Agricultura, el consistorio de Villar Cañas y el Consejo de Seguridad Nuclear.
La ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) fue cuestionada desde el inicio. Los expertos determinaron a través de diversos informes que las condiciones geológicas no eran las adecuadas. El CSN, por su parte, parece resistirse a dar el sí definitivo puesto que reclama a Enresa constantes estudios y análisis sobre el subsuelo del municipio. De hecho, en octubre de 2014 se hizo público que el organismo solicitó a la compañía distintos análisis sobre las características geosísmicas, hidroquímicas e hidrogeológicas.
Por otro lado, Enresa, ajena a las dificultades que presentan los informes sobre la viabilidad del proyecto, sigue adelante con la aprobación de adjudicaciones y contratos para construir el cementerio nuclear. Una postura que ha provocado en menos de un año dos dimisiones además de luchas de poder interno entre miembros del Gobierno. El Ejecutivo de Rajoy, tras su llegada a La Monlcoa, decidió nombrar director de la empresa a Francisco Gil Ortega, exalcalde de Ciudad Real y colaborador próximo a María Dolores de Cospedal. Además, según denuncia Ecologistas en Acción, el marido de la secretaria general del PP y presidenta en funciones de Castilla La Mancha, que trabaja en una empresa de ingeniería, recibió varios contratos para construir el ATC y su centro asociado. Gil-Ortega adjudicó la obra principal de la instalación por valor de más de 200 millones de euros sin tener los permisos necesarios. La organización ecologista decidió denunciar la licitación ante la Fiscalía Anticorrupción y el director de la empresa se vio forzado a dimitir. Gil Ortega deja la empresa el 11 de febrero de 2015 y alega “motivos personales” para justificar su cese.
Según el escrito de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, el 15 de julio de 2014 la compañía realizó una auditoría interna firmada por el secretario general de Enresa y miembro del consejo de administración, Jesús Moreno Vivas. El informe revelaba un posible “enriquecimiento injusto” por parte del presidente Francisco Gil Ortega y del director general de comunicación, Carlos Dávila Pérez del Camino. “Tres días después de la emisión del informe, Gil Ortega destituye a Jesús Moreno Vivas. También son cesados o presentan su dimisión: el responsable de recursos humanos, Jesús Horcajo, el director de auditoría, Diego Valle Aguilar y el director de administración Eugenio Alejandre Siscart”, explica el escrito.
Tras la marcha de Gil-Ortega toma las riendas Juan José Zaballa, esta vez se eligió una perona de la confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, que continúa con la misma dinámica que su antecesor: acelerar las licitaciones para la edificación del ATC. De hecho, la denuncia presentada por Ecologistas en Acción explica que durante los meses de febrero y abril de 2015 no existía director de administración y que aun así, Enresa ha seguido convocando licitaciones. Los pliegos de condiciones de la contratación del “Sistema de Vigilancia de la instalación nuclear del ATC. Equipos y sistemas del Almacén de Espera de Contendores” no presentan la firma de la presidencia del comité de adjudicaciones. Aunque Zaballa por el momento sí ha paralizado la licitación de la obra principal del ATC, ha seguido comprando material, como por ejemplo, diez contenedores de doble uso para residuos nucleares por valor de 32 millones de euros. La firma del contrato provocó la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de residuos de Alta Actividad que se negó a sellar el acuerdo y abandonó la empresa el pasado mes de abril.
El cementerio está seriamente com prometido desde el punto de vista técnico. Desde Ecologistas en Acción confían en que la construcción no salga adelante debido a los problemas que tienen que ver con el emplazamiento y el terreno, además de la tardanza de los permisos necesarios para iniciar las obras.