Hasta ahora, nadie parece dudar de la ideología que tiene en estos momentos Telemadrid. Ni la que ha tenido durante los sucesivos gobiernos del Partido Popular, por mucho que la palabra «pluralidad» haya sido la más utilizada siempre, como en TVE, cuando alguien ponía en entredicho la objetividad sobre todo de sus informativos.
Ahora mismo, y por mucho que Cristina Cifuentes y Albert Rivera acordaran «despolitizar» la televisión autonómica madrileña, nadie quiere perder el control de la misma e incluso se habla de cambiar las leyes que rigen en la misma para tener el mismo.
Según las mismas, ese pacto entre PP y Ciudadanos no les garantizaría a estas dos formaciones poder mandar en Telemadrid, por mucho que entre ambos sí tengan mayoría en el parlamento regional.
En juego no sólo está organizar la programación de la cadena sino incluso el futuro de casi 900 personas (exactamente 861), las que fueron despedidas por el último Expediente de Regulación de Empleo. Y es que el consejo de administración del ente público será, en un principio, el que tenga que decidir si readmiten o no a esos trabajadores.
Lo de «en un principio» es porque la última palabra siempre la tendrá el Gobierno de la Comunidad, ya que al ser Telemadrid una empresa pública deficitaria ese Ejecutivo podría bloquear el regreso de los trabajadores no adjudicando ningún presupuesto a su readmisión. A este respecto, Cristina Cifuentes explicó en campaña que su intención era la de esperar a ver cómo se resolvían los procesos judiciales abiertos.
Nuevo Consejo
La culpa de estas incertidumbres pese a todo la tienen los pasados comicios electorales autonómicos. La pérdida de la mayoría absoluta del PP ha hecho que ya no tenga tampoco el mando en ese consejo, cuyos miembros anteriores dejarán de ejercer en cuanto tomen posesión sus sucesores.
Esos resultados electorales han hecho que de los nueve miembros que componen ese Consejo (hasta mediados de 2013 eran casi el doble), el PP sólo puede nombrar tres consejeros, los mismos que el PSOE, mientras que Podemos podrá situar a dos y Ciudadanos al restante, ya que su elección se realice dividiendo el número de parlamentarios de cada grupo por el cociente entero (14), que resulta de dividir el número de diputados de la Cámara (129) por los componentes del consejo (9).
Así las cosas, si se mantuvieran los actuales pactos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el «bloque de izquierdas», entre PSOE y Podemos, contaría con 5 consejeros, mientras que el «bloque de derechas», entre PP y Ciudadanos, tan sólo cuatro, por lo que perdería todas las votaciones.
Eso conllevaría, por ejemplo, que serían los primeros los que tendrían la última palabra en lo que a la elección del nuevo director de la cadena se refiere, por mucho que el presupuesto de la misma siguiera dependiendo de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad y la que tiene que dictaminar las subvenciones para la casa.
Nombres y remuneraciones
Por ese reparto actual es por lo que tanto Partido Popular como Ciudadanos negocian un cambio en la legislación que impidiera el mismo. Eso sí, ambos saben que cualquier modificación no llegaría antes de diciembre, lo que, entre otras cosas, conllevaría que Ángel Martín Vízcaíno siguiera hasta entonces en su puesto de director general de la casa (sólo podría salir antes si, como se rumorea, volviera a RTVE, volviendo a formar tándem con José Antonio Sánchez, el presidente del ente, con el que ya ejerció de segundo cuando éste estaba al frente de Telemadrid).
El que sí parece que va a salir antes es el actual director de Informativos, Agustín de Grado, ex subdirector de 'La Razón', sobre todo después de los ataques a Gallardón que tuvo que sufrir su directora de Comunicación, Marisa González, la que ahora ejerce el mismo cargo al lado de la propia Cifuentes.
De Grado tampoco será uno de los nueve miembros del Consejo de Administración, un cargo que, pese a no llegar a las cifras de antaño, cuando los portavoces de cada partido podían llegar a cobrar hasta 60.000 euros anuales, sí tienen un buen salario que tampoco les lleva demasiado tiempo.
Hace dos años, cuando se redujo el número de consejeros, se fijó un tope de entre 10.000 y 12.000 euros anuales de media para los portavoces de cada partido. A esa remuneración hay que sumar otros 1.000 euros por cada asistencia a un consejo, algo que suele darse al menos una vez al mes, y los otros 1.000 euros como máximo que perciben los portavoces por acudir una vez cada treinta días a la comisión delegada, algo por lo que antes se cobraban hasta 5.000 euros.