El Consejo de Ministros aprobará este jueves el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) entre las críticas de varias organizaciones de familia, que advierten de que esta iniciativa es «electoralista» y «no va a servir para nada» porque no es una ley que debe aplicarse y nace sin dotación presupuestaria.
El Gobierno quiere dar luz verde a este texto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad la víspera de la celebración este viernes del Día Internacional de la Familia, tal y como anunció el titular de esta cartera, Alfonso Alonso.
Este fue uno de los primeros planes anunciados por la anterior titular de Sanidad, Ana Mato, en julio de 2012, pero hasta el final de Legislatura el Ejecutivo no ha decidido aprobarlo. Entre sus principales ejes afrontar el envejecimiento poblacional, la natalidad e impulsar medidas específicas de apoyo a las mujeres embarazadas.
El 21 de diciembre de 2012 el Consejo de Ministros creó la Comisión Técnica Interministerial de Familia (CTIF) con el encargo de elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia. Esta comisión se constituyó el 16 de abril de 2013 con la participación de representantes de nueve departamentos ministeriales en cuatro grupos de trabajo.
El último borrador que se conoce es de noviembre de 2014. La reforma de la Ley del Aborto, que el Ejecutivo dijo que incluiría en este plan, finalmente no se incorpora. Sin embargo, el pasado mes de marzo Alonso aseguró en el Congreso que sí contendrá una estrategia para la prevención de embarazos no deseados.
El texto del pasado noviembre presentaba 225 medidas articuladas en seis líneas estratégicas con sus distintos objetivos, que van desde la protección social y económica de las familias, la conciliación, el apoyo a la maternidad, la parentalidad positiva hasta el apoyo a familias en situaciones especiales. Para llevar a cabo estas medidas, el Gobierno estima que contará con 5.526 millones de euros anuales.
El Plan, que aspira a ser una estrategia global desde todos los ámbitos, recoge medidas que ya se han adoptado, como las relativas a acogimiento y protección de menores que se han incluido en los proyectos de Ley de Infancia, actualmente en tramitación parlamentaria, y otras que deben emprenderse, como confeccionar un mapa de recursos para mujeres embarazadas.
Deducciones fiscales y ayudas a menores embarazadas
Entre las medidas más destacadas se encuentra las deducciones fiscales de 1.200 euros a familias numerosas y monoparentales, y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmó el pasado mes de febrero al anunciar esta iniciativa durante el Debate sobre el estado de la Nación.
En cuanto a las ayudas a las menores embarazadas, madres en situación de postparto y lactancia que presenten situaciones de vulnerabilidad o riesgo social, el último borrador del PIAF contempla la orientación y acompañamiento social y sanitario, atención residencial materno infantil, educación y cuidado de los hijos y formación para la integración laboral.
Asimismo, el texto indica la necesidad de facilitar el acceso de madres solas con menores a cargo en situación de vulnerabilidad social el alquiler en el marco del Fondo Social de Viviendas, impulsar programas de promoción y educación para la salud afectivo sexual, así como acciones dirigidas a la prevención de embarazos no deseados y becas para que las menores continúen sus estudios, entre otras.
«No va a servir para nada»
El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, ha afirmado que este plan llega «muy tarde» y ha criticado que el Gobierno 'popular' haya «perdido la oportunidad de hacer algo por las familias españolas» en los cuatro años de Legislatura. «Llega tarde y sin dotación presupuestaria», ha aseverado el dirigente de esta organización, para añadir que, «en el mejor de los casos, sólo es un conjunto de buenas intenciones, pero sin ninguna repercusión».
Herfelder ha advertido de la influencia de los comicios municipales y autonómicos este mes en la aprobación de este plan, una decisión, a su juicio, «meramente electoralista». También ha asegurado que el crédito del Gobierno por las organizaciones de familias «está ya por los suelos», pues, según ha recordado, «ninguna de las promesas electorales se han cumplido, a día de hoy».
Para el presidente del IPF el borrador que se conoce hasta la fecha no pone soluciones al «problema de la natalidad» en España, ya que las ayudas y prestaciones por hijo a cargo «son las más bajas de la Unión Europea». Según advierte, el plan muestra «poca voluntad política» porque el aumento de estas ayudas queda supeditado a la creación de una comisión para que las estudie. «Esto sólo supone dilatar más el problema«, ha apostillado.
En esta misma línea se ha expresado el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, para quien la iniciativa del Gobierno «ni siquiera es un verdadero Plan de Familia, sino un plan de políticas sociales que tienen que ver con personas que pueden tener o no una familia», es decir, «que está conceptualmente mal enfocado» porque ofrece respuestas «asistenciales y punto» a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
«No hay nada nuevo: ni medidas ni dinero»
«Es una enumeración ordenada de políticas que ya existen y su presupuesto es poner sin más lo que ya está en los Presupuestos Generales del Estado. No hay nada nuevo, ni en dinero ni en medidas», asegura, para incidir en que «la familia común y corriente, esa familia normal que es mayoritaria y a la que hay que cuidar» porque tiene problemas como las rupturas, el abandono escolar o la natalidad, «no es el foco».
Además, afirma que supone un incumplimiento del programa electoral con el que el PP llegó a las generales, que prometía una ley de protección a la maternidad. «Un plan es un papel de buenas intenciones pero que no genera derechos ni obligaciones y un plan a finales de Legislatura tiene todavía menos interés. Me da la sensación de que tiene mucho más que ver con el marketing político», ha añadido.
Un buen comienzo
Frente a estas opiniones negativas, la directora general The Family Watch, María José Olesti de Luna, dice que más allá del momento escogido para aprobar el plan, «lo importante es que salga adelante y sobre todo, que se cumpla» porque, afirma, «eso será siempre en beneficio de las familias, a las que se les ha pedido actuar de manera casi heroica en todos estos años de crisis».
En declaraciones a Europa Press, destaca especialmente que «se haya tenido en cuenta a la familia no sólo de perfil, sino de frente y con medidas políticas» como adjuntar a cada proyecto de ley un informe de impacto sobre la familia o adoptar iniciativas para promover la conciliación de la vida personal y laboral. En su opinión, pueden ser un «buen comienzo» para confeccionar al respecto una ley en el futuro.
«Estas medidas serán eficaces si tienen durabilidad en el tiempo y están por encima de la alternancia de partidos. En la fase de consulta pedíamos por ello que fueran vinculantes y estuvieran por encima de la coyuntura política, que formaran parte de la agenda del Estado porque si no, quedan sujetas a variaciones», ha explicado.