Si no puedes con el enemigo, únete a él. O mejor, cómpralo. El Congreso de los Diputados ya ha dado luz verde al proyecto de ley que modifica la actual normativa de hidrocarburos; las organizaciones ecologistas, en pie de guerra, han mostrado su desacuerdo puesto que creen que la intención es mitigar el rechazo social a la práctica de ‘fracking’ a través de compensaciones económicas.
Una de las propuestas estrella de la nueva norma consiste en compensar económicamente a las áreas afectadas por proyectos que tengan que ver con la investigación de hidrocarburos para así facilitar su desarrollo. En concreto, el documento explica que se concederán “incentivos” a las Comunidades Autónomas que desarrollen este tipo de actividades. “Los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con las disponibilidades financieras existentes, establecerán dotaciones destinadas a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en cuyos territorios se desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos”. Por otro lado, el Gobierno también ofrecerá una retribución directa a los propietarios de los terrenos en los que se desarrollen la actividad según los beneficios obtenidos de las explotaciones.
Durante los últimos años, el aluvión de solicitudes de permisos por parte de distintas empresas energéticas para explorar en el territorio español y algunos de ellos concedidos por el Gobierno, desató el enfado de numerosos municipios que decidieron alzar la voz para tratar de frenar la embestida. A lo largo de los últimos meses ha habido movilizaciones en todas las regiones afectadas: Valencia, Castilla y León, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, etc. Cantabria decidió incluso dar un paso al frente y aprobó una ley en el parlamento regional que prohíbe la fractura hidráulica en la explotación de recursos no convencionales de gas. Finalmente fue anulada y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Por eso, los ecologistas denuncian que la estrategia del Ejecutivo pasa por doblegar la resistencia a la controvertida fractura hidráulica y las prospecciones “con dinero”. “El proyecto de ley abre la puerta a la compra de voluntades para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que causan efectos negativos. Posibilita que se les de dinero a los municipios o Comunidades Autónomas donde se realicen prospecciones. Es una forma de comprar el consentimiento cuando en realidad, si es una actividad perjudicial, no debería realizarse al margen de que se de dinero o no se de dinero”, explica Rodrigo Irurzun, coordinador del área de Energía de Ecologistas en Acción.
Las organizaciones ecologistas consideran que la actitud del Gobierno demuestra una “sordera absoluta ante la realidad climática” así como “una falta de respeto ante la voluntad democrática de la ciudadanía”. Desde Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y SEO-BirdLife exigen al Ejecutivo que deje de apostar por la explotación de combustibles fósiles y de un “giro necesario” hacia un nuevo modelo que apueste por el desarrollo de energías renovables. De hecho, aseguran que apenas existen recursos en el subsuelo español y que la verdadera intención del Gobierno se basa en beneficiar a las grandes compañías. “Se ha lanzado una campaña de promoción de la extracción de hidrocarburos. Se llenan la boca diciendo que hay gas y petróleo para años cuando realmente los estudios que hay son totalmente especulativos e hipotéticos porque a la hora de la verdad se extrae muy poco. Son actividades que generan muy pocos recursos comparado con el consumo que tiene España, y en el caso de que fuera verdad todo lo que dicen, le llegaría a un autoabastecimiento de entre el cinco y el diez por ciento, por lo que vamos a seguir dependiendo enormemente del exterior. Tenemos muy poco y de muy mala calidad. Nosotros tenemos sol, viento, agua… lo lógico y lo sensato sería apostar por las energías renovables”, recalca Irurzun. Además, el portavoz de la organización recuerda que si la inversión fracasa, el coste lo asumirán los propios ciudadanos. “Son inversiones de miles de millones de euros, a pesar de que el consumo de gas debería empezar a desaparecer. Si falla, esas inversiones no se van a recuperar, las vamos a pagar los ciudadanos, no las empresas”.
Los ecologistas apelan a la postura defendida por distintos organismos internacionales y explican que la situación de emergencia climática que muestra el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) , “choca” con la norma propuesta por el Gobierno puesto que “va en sentido contrario a un modelo energético libre de emisiones de CO2”. “Las compañías petroleras y gasísticas forman grandes poderes económicos a nivel mundial. El gas y el petróleo son fáciles de controlar y están muy centralizados. Saben que sus días llegan a su fin e intentan hacer creer a la gente que tienen muchas más reservas de las que en realidad controlan. Las energías renovables están mucho más distribuidas. Yo me puedo comprar una placa fotovoltaica por 300 o 400 euros y no me controla ninguna empresa. El modelo de negocio es totalmente distinto”, señala Irurzun.
El pasado 26 de marzo la Comisión de Industria del Congreso aprobó el proyecto de ley de Hidrocarburos con los votos a favor de PP y UPN y la abstención de UPyD y CiU, frente al rechazo del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC).