El exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Justo Mañas, ha defendido este viernes la base legal existente en la tramitación y gestión de las actuaciones de la Consejería de Empleo dentro del fondo 31L entre los años 2001 y 2010.
En la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, Mañas que ha acudido sin abogado y que no está imputado en el caso ha indicado que la tramitación de expedientes en este periodo ha contado con «un apoyo legal que permitiría desarrollar las acciones que en este periodo los distintos responsables políticos han venido realizando».
En este sentido, Mañas que fue viceconsejero tras Agustín Barberá entre marzo de 2010 y mayo de 2012 y tras recordar que fue la Junta la primera en llevar el caso a la justicia, ha hecho hincapié en «no confundir el hecho de que no exista norma con un abuso de la norma» y ha destacado que los cambios realizados en 2010 para la gestión del fondo 31L «siempre fue para mejorar el procedimiento y en ningún caso para sustituir la norma».