La portavoz parlamentaria del PP, Carmen Riolobos, ha anunciado este domingo que se van a pedir responsabilidades por la eliminación de bases de datos y documentos públicos que realizó el anterior gobierno socialista de Castilla-La Mancha después del 23 de mayo, según se ha conocido a través de «un informe oficial».
Concretamente, Riolobos hace referencia, en nota de prensa, a un informe del Servicio de Informática de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fechado el 22 de julio, donde se indica que se destruyó la información «por indicación del usuario responsable o directamente por los usuarios», entre los que figuran diversos cargos de confianza del equipo del anterior presidente castellano Manchego, José María Barreda, como la portavoz de su gobierno, Isabel Rodríguez.
El informe, siempre según Riolobos, también refleja la destrucción parcial del contenido de la base de datos «Subvenciones tarea», programa donde se detalla la situación en la que encuentra todo lo relacionado con algún tipo de pago del Gobierno, desde las facturas hasta las nóminas pasando por las subvenciones.
Y en el informe, agrega la nota, «se alude al artículo 413 del Código Penal, explicitando que se podría llegar a penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».
Riolobos señala, en la misma nota, que esto «no es un hecho aislado en el anterior Gobierno regional socialista, pues hay que recordar cómo desaparecieron documentos en sacas que salieron de los organismos públicos, como denunciaron en su momento los medios de comunicación».
Y concluye: «ya se conocía la nefasta gestión económica del anterior Gobierno y el despilfarro que ha ocasionado deudas con todos los sectores de la sociedad, y es indignante que a eso se sume esta grave ocultación de información y de documentación pública a los castellano-manchegos».