El Consejo de Ministros previsiblemente autorizará este miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que dé las ordenes pertinentes a la Abogacía del Estado y pueda pedir la impugnación de las candidaturas de Bildu de las que se sospeche que son herencia de la ilegalizada Batasuna.
Así lo han informado fuentes del Gobierno, que recordaron que los servicios jurídicos del Estado tienen de plazo para presentar sus recursos los próximos 27 y 28 de abril, después de que el día 25 se hayan proclamado las candidaturas y al día siguiente sean publicadas en los boletines oficiales.
La decisión del Gobierno se tomará de forma preventiva ante los informes que puedan presentar las Fuerzas de Seguridad, que comenzarán a examinar este miércoles las candidaturas presentadas por Bildu a los comicios del próximo 22 de mayo, una vez que las Juntas Electorales las han remitido al Ministerio del Interior, que a su vez las ha enviado a la Policía y a la Guardia Civil.
El acuerdo del Gobierno de autorizar las actuaciones de la Abogacía General del Estado es en cumplimiento de la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS), de 27 de marzo de 2003, impidiendo que concurran a las elecciones partidos políticos y candidaturas que constituyan la continuación o sucesión de los partidos ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.
Además de la citada sentencia del TS, esta decisión se fundamenta jurídicamente en los artículos 11.1 de la Ley de Partidos Políticos y en el artículo 49.5 de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG).
Por su parte, la Sala del 61 del Tribunal Supremo tendrá también dos días, el viernes 29 y el sábado 30, para resolver, pero su decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse antes de la medianoche del 5 de mayo, cuando comenzará la campaña electoral.
Además, y después de la última reforma de la Ley Orgánica de la LOREG, las listas de Bildu podrán ser impugnadas hasta el 12 de mayo si durante la campaña surgen hechos nuevos que hagan sospechar de su vinculación con ETA.
En ese caso, y previo pronunciamiento del Supremo, también el Constitucional dirá la última palabra, para lo que tiene de plazo hasta la medianoche del 20 de mayo, justo al inicio de la jornada de reflexión.