La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que hay que ser «pacientes» con el trabajo del Tribunal Constitucional sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña «aunque legítimamente haya ganas de conocer» la resolución.
De la Vega se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por los últimos acontecimientos en el Constitucional, que ha rechazado que el magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP, pueda participar en las votaciones sobre el Estatut, como pedía la Generalitat, aunque éstas se llevan a cabo por bloques.
«La posición (del Gobierno) sigue siendo la misma, ha dicho De la Vega, que ha insistido en que «hay que respetar al tribunal, que tiene plena legitimidad, respetar sus tiempos, que no son los mismos que los políticos, y sus procedimientos, sean cuales sean».
«El tribunal terminará adoptando la decisión que estime más oportuna y confiamos en que dicte la mejor sentencia, ha concluido la vicepresidenta.
Resultados «palmariamente inconstitucionales»
Por otra parte, la Abogacía del Estado considera que la propuesta de la Generalitat para que el Constitucional se abstenga de resolver sobre el Estatut «carece de fundamento, es una invitación a que los magistrados «incumplan los deberes de su cargo» y llevaría a resultados «palmariamente inconstitucionales».
Todas estas expresiones se contienen en el escrito, al que ha tenido acceso Efe, con el que la Abogacía del Estado responde a los recursos de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña contra la decisión del Constitucional de no inhibirse en el tema del Estatut después de que el Senado haya reactivado el procedimiento para la renovación de un tercio del tribunal, pendiente desde el 2007.
Los servicios jurídicos del Estado dicen en su escrito que lo que el Gobierno y la Cámara autonómica catalanes alegan «no son hechos relevantes para la decisión de este recurso, y en todo caso no son nuevos».
«Los preceptos (del Estatut) impugnados en este recurso serán conformes o contrarios a la Constitución con independencia de que el Senado no haya cumplido tempestivamente su obligación de renovar el tercio de magistrados que le corresponde» mediante el acuerdo de al menos tres quintos de la Cámara, añade.
El Gobierno dice también que la falta de renovación «no puede reprocharse ni a los magistrados que continúan en funciones (la presidenta María Emilia Casas, el vicepresidente Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde) ni al tribunal, sino al Senado, «que ha incumplido ese ‘deber constitucional’ de designación en tiempo».
«Causa de cese»
Para la Abogacía, que los magistrados cuyo mandato ha concluido pudieran seguir en funciones sólo durante un tiempo limitado, como pretende la Generalitat, llevaría a que cualquier fuerza política cuyo acuerdo fuera necesario para alcanzar la mayoría de tres quintos «tendría en su mano perturbar seriamente el funcionamiento del Tribunal Constitucional».
Así, el Gobierno considera que la fórmula propuesta por la Generalitat -que habla de limitar el periodo de estancia en funciones a «un tiempo prudencial de negociación» entre los partidos- «se traduciría así en camino real para obtener posibles beneficios políticos del incumplimiento del deber constitucional de designación».
Los servicios jurídicos del Estado dicen asimismo que «carece de todo fundamento» la pretensión de la Generalitat de que el actual Constitucional decline su competencia en un tribunal renovado y recuerda que «la competencia corresponde al órgano y puede declinarse en otro órgano distinto, pero no tiene sentido pedir que un órgano decline la competencia en sí mismo».
Por último, la Abogacía señala que «sobra decir que la actual composición del actual pleno (del tribunal) se ajusta a la Constitución y a su Ley Orgánica» y concluye que pretender que los cuatro magistrados en funciones se abstengan de deliberar y votar sobre el Estatut «supone invitarles a que incumplan los deberes de su cargo, lo que -recuerda- es «causa de cese».