«A la CE le preocupa que esta tasa administrativa basada en los ingresos facturados por los operadores pueda ser incompatible con el derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria», afirma un comunicado publicado este jueves.
Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público. El primero, abierto el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados.
El segundo, anunciado este jueves, consiste en un procedimiento por supuesta infracción a la legislación europea sobre telecomunicaciones. Según explicó el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones «parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria», sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría «afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes». España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.
España confía en la legalidad de RTVE
La Comisión ha abierto un expediente a España para que facilite en dos meses información sobre la aportación que tienen que hacer los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad, una solicitud que el Ejecutivo esperaba.
Según el nuevo modelo de financiación, los operadores tienen que realizar una aportación anual del 0,9 por ciento de sus ingresos brutos de explotación y la CE investiga si es compatible con la normativa comunitaria.
El Gobierno, destacan las fuentes, está convencido de que la norma «no tiene ningún problema». El sistema establecido en España, añaden, es distinto al diseñado por Francia, país al que la CEE ha abierto también un procedimiento de infracción por la tasa impuesta a los operadores ante el cese de la publicidad en la televisión pública.
En Francia, explican las fuentes, la tasa está ligada a la obtención del permiso para proveer servicios, como Internet o telefonía móvil, algo que no ocurre en España.