La titular de Economía calificó la reforma de «ejercicio de responsabilidad» del Gobierno que, dijo, podría haber esperado hasta el 2013 para presentarla.
Además, recordó que fue el Parlamento el que instó al Ejecutivo a presentar una propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones que, insistió, podría empezar a dar problemas a partir del 2025 por los cambios demográficos de la sociedad española.
Sobre esa situación demográfica, Salgado apuntó que, «afortunadamente, la esperanza de vida es mucho mayor que hace veinte o treinta años, y que la incorporación de la mujer al trabajo sumado a que la esperanza de vida de las mujeres españolas es de las más altas del mundo hace prever que en el 2025 la Seguridad Social podría entrar en déficit.
En la entrevista, Salgado aseguró que a pesar de esta reforma el Gobierno quiere que las pensiones «sigan subiendo como lo han hecho hasta ahora con un Gobierno socialista, si bien señaló que para seguir con esa tónica el sistema de pensiones debe gozar de buena salud.
La vicepresidenta económica apuntó por otra parte que en la reforma se plantean otros cambios como el de mejorar las condiciones de aquellos que pierden su trabajo al final de su vida laboral y que en la actualidad, admitió, «están muy penalizados a la hora de negociar la cuantía de pensión».
Salgado dejó claro que la subida de la edad de jubilación, de aplicarse, no afectará a los pensionistas actuales ni tampoco a los de los próximos años, puesto que el primer año propuesto para que comience a aplicarse es 2013.
La también titular de Económia reconoció que cualquier modificación en el sistema de pensiones afecta «a un colectivo importante, por lo que los cambios deben hacerse «de la manera más gradual posible».
Salgado subrayó que la propuesta lanzada por el Gobierno no debe tener efectos sobre la crisis económica actual, pues lo que pretende el Gobierno es «generar confianza. Lo que pretendemos precisamente es decirle a las personas que tienen ahora 40 años que podrán jubilarse, que tendrán pensión de jubilación y que su pensión seguirá subiendo. Tenemos que ser un país serio, responsable y mirar en el largo plazo (…) Un gobernante responsable debe tener esa visión, indicó.
Preguntada por el rechazo que han mostrado CCOO y UGT a la medida, la vicepresidenta dijo que los sindicatos no siempre comparten las medidas del Gobierno, pero reiteró que se trata de una propuesta para la discusión y que el objetivo es «ganar consensos» en el Pacto de Toledo.
No todos aplicarán la subida de la edad de jubilación
Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha afirmado hoy que, «seguramente, subir la edad de jubilación a los 67 años no podrá ser algo «universal, es decir, que no será aplicable en todos los sectores económicos y todos los trabajos por las especiales circunstancias de algunos. «Que la cosa vaya a ir lenta no es con ánimo de retrasar, pero aquí hay muchas variables y habrá que discutir mucho y al final acordar lo máximo posible, apuntó en declaraciones a RNE.
Corbacho subrayó que la idea de subir la edad de jubilación ordinaria es un debate que está ahora mismo en toda Europa, pues todos los informes apuntan a que los países se irán envejeciendo y que tendrán que adoptar reformas en los próximos años. En Alemania y Holanda, recordó, se ha tomado la determinación de elevar la jubilación a los 67 años y en Francia también se ha abierto el debate sobre el tema.
El ministro de Trabajo subrayó, por otra parte, que sería un «contrasentido» mantener el debate del aumento de la edad de jubilación mientras se prejubila a los trabajadores cada vez a edades más tempranas. Así, dijo, el primer objetivo debe ser el de elevar progresivamente la edad real de jubilación (63 años y 10 meses) a la edad legal de 65 años, y eso, añadió, es una meta a la que la crisis no ayuda, pues a veces las empresas utilizan la jubilación anticipada como mecanismo de ajuste.
Ahora bien, Corbacho distinguió de las empresas que realizan estas jubilaciones anticipadas por necesidad económica, de aquellas que, teniendo beneficios, han recurrido a esta medida y no por necesidad económica. «Eso hay que ir acotándolo, insistió Corbacho, que añadió que la única posibilidad de afrontar la presión demográfica es aumentar la edad de jubilación.
Preguntado por si se ampliará el periodo de cálculo de las pensiones, ahora establecido en 15 años, el ministro indicó que se trata de un tema «abierto» y explicó que el actual sistema de cómputo tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Así, recordó, a aquellos trabajadores que son despedidos al final de su vida laboral y encuentran otro empleo, sufren una rebaja «radical» en su cotización, lo que tiene una repercusión «muy negativa» en la cuantía de su pensión final.
«Habrá que ver si hay alguna medida para que cuando una persona se encuentra en esa situación no sea tan perjudicada como lo es ahora y, para una persona que tiene el cálculo en 15 años, habrá que ver qué pasa si en lugar de 15 pues son 16 años. Creo que no habrá demasiados problemas en buscar una cosa que no dañe el interés general de la gran mayoría, y que sea un sistema equitativo. Habrá que buscar fórmulas intermedias, dijo.
El titular de Trabajo también quiso destacar la «valentía» mostrada por el Gobierno al proponer elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, una propuesta que puede considerarse «poco cómoda o impopular, sobre todo si se tiene en cuenta que ahora mismo y hasta el 2023 no se prevén problemas para la Seguridad Social.
Corbacho subrayó que, con su propuesta, el Ejecutivo no persigue «meter miedo» a la sociedad española, como se ha dicho desde CCOO, sino «asumir su responsabilidad» para con las futuras generaciones de pensionistas españoles.
Así, manifestó que, si no hacen reformas, los problemas para la Seguridad Social no empezarán hasta el 2023 o hasta el 2030 en caso de que se echara mano del Fondo de Reserva de las pensiones. Por lo tanto, dijo, hay tiempo para desarrollar este debate y buscar el máximo consenso posible.