Tanto en el PP de Valencia como en Génova ha sentado fatal la dura sanción contra Manuel Cobo y Ricardo Costa. El vicealcalde de Madrid ha decidido no hacer declaraciones, no azuzar esa guerra. Su jefe, Alberto Ruiz-Gallardón, ya dijo que Cobo seguiría como su número dos en el Ayuntamiento y cumplirá su palabra. Sin embargo, el año de suspensión de militancia para Cobo -un castigo más largo de lo esperado- ha provocado malestar entre muchos dirigentes del PP, que lo ven desproporcionado e injusto. El vicealcalde fue espiado, un atropello que cada día parece más evidente que fue dirigido desde el Gobierno de Madrid que preside Esperanza Aguirre. Pero es Cobo, y no Aguirre, quien recibe la sanción por denunciar públicamente unos abusos y unas prácticas que todo el partido, incluido el propio Rajoy, sabe que son ciertas.
La sanción coincide con una foto de paz, la de Aguirre, Gallardón y Rajoy, que el martes cerraron filas en un acto público con el que, en teoría, se pretendía terminar con la guerra civil que sacude al PP desde hace ya casi dos años. Si no era una paz definitiva, al menos pretendía ser una tregua casi permanente que ahora está en entredicho. La sanción a Cobo llegó unas horas después, el martes a última hora de la tarde. ¿Sabía Gallardón lo que esperaba a su número dos? Desde su entorno lo niegan.
En Valencia, el castigo ejemplar también ha sentado mal, muy mal. Ricardo Costa tiene intención de recurrir la sanción, aunque el ex secretario general del PP cuenta con una doble razón para estar enfadado. Aunque gran parte del partido en Valencia le apoya, no así su jefe. Mientras Gallardón ha mantenido a su brazo derecho, Francisco Camps se lo cortó y lo entregó a los tiburones a la primera de cambio, o al menos así lo interpretan en Valencia. Costa incluso pactó con Camps volver como consejero tras su cese como secretario general. Pero Cospedal bloqueó la operación.