La oposición en pleno iba a plantarse ayer para pedir al Gobierno que retire la que ya es polémica Ley de Economía Sostenible gracias a la inclusión de párrafos en su seno que, al menos, invitan a la preocupación. Al olor de la presa fácil en la que se está convirtiendo el Ejecutivo, los representantes de PP, CiU, ERC-IU-IV, PNV y UpyD que forman parte de la Subcomisión parlamentaria de Propiedad Intelectual, pedirían la retirada de, precisamente, estas cuestiones del texto de la ley. No deja de ser curioso que los miembros de una Subcomisión de «propiedad» se metan en una pelea para ponerse del lado en el que se defiende precisamente lo contrario. O algo parecido. Al final, los diputados de PP y CIU han dejado tirados a sus compañeros en el último momento, y la cosa ha quedado algo deslucida.
En este país, en el que todo el mundo arde en deseos de cobrarse la deuda cuanto antes y si es con sangre mejor, sus señorías van a pasarle la factura al presidente del Gobierno por obra y gracia de la ocurrencia parida en el Ministerio de Cultura. No se lo podían haber puesto más a huevo. Vamos, que ahora la bronca pasa al Parlamento, como lógicamente todos esperábamos. Y no terminará aquí, porque todavía queda cuerda para rato en sede parlamentaria con el tema de los derechos de autor.
Porque el problema de todo esto no es la libertad de expresión y que le vayan a cerrar -con razón- la web a unos cuantos que se están forrando con el trabajo de otros. La cuestión es que no podemos negarle la retribución al que compone, escribe o crea porque otros decidan que debe compartirlo para el buen rollo y desarrollo del internet fraternal. La cadena para compartir cualquier cosa debe iniciarla el propietario de la misma y no otro. Además, la industria debe concluir de una vez a quién y cuántas veces le cobra una canción, película o tratado sobre la reproducción del pollo de corral, porque muchos ciudadanos y empresarios tienen la sensación de estar aflojando demasiadas veces por el mismo producto. Por no hablar del modelo de negocio basado en la venta de música y cine vía soporte físico, que comienza a recordar a las cintas de Junco en las gasolineras. Así no se hacen las cosas, y ya lo está avisando la Comisión Nacional de la Competencia, refrendada por el autorreconomiento como monopolio que acto seguido realizó un directivo de la SGAE. De todas formas, no parece que los representados por el variado catálogo de sociedades que cobran el particular diezmo estén disgustados. Al menos no se les oye.
Dicen en la SGAE que «en materia de propiedad intelectual y derechos de autor es bueno que haya un monopolio, como si fuera un sindicato». Estoy a favor de la defensa activa de los derechos de cada uno, entre ellos el de propiedad intelectual. Ahora bien, se olvidan en la SGAE de que en este país sindicatos hay muchos, y cada uno elegimos quien nos defiende los cuartos.