Esta tasa, denominada ‘comisión por responsablidad en la crisis financiera’, se aplicará sobre la deuda de aquellas entidades financieras que operan en el país con activos consolidados superiores a los 50.000 millones de dólares, con el objetivo de evitar el exceso de apalancambiento al imponer una tasa de 15 puntos básicos sobre los activos totales de las entidades, menos recursos propios.
En octubre de 2008, el gobierno de Estados Unidos asignó unos 700.000 millones de dólares para impedir el colapso del sistema financiero, y una porción mayor de esos fondos se asignó al sustento de grandes bancos y empresas financieras.
El socorro se ha transformado en una medida controvertida conforme los bancos han empezado a pagar las bonificaciones a sus ejecutivos y los dividendos a sus accionistas, mientras el desempleo se mantiene elevado y la economía sólo muestra indicios de reactivación.
«Mi compromiso es la recuperación de cada centavo que se debe al pueblo, explicará Obama según el texto adelantado. «Y mi determinación de alcanzar esta meta se fortalece cuando veo informes de ganancias enormes y bonificaciones obscenas en las mismas firmas que deben su supervivencia al pueblo, al que no se ha indemnizado y que sigue afrontando las dificultades reales en esta recesión».
El nuevo gravamen entrará en vigor el próximo 30 de junio y cuenta con una duración inicial de diez años, aunque el proyecto contempla que si en ese periodo no se hubiera recuperado la totalidad del coste del plan de rescate financiero (TARP), que las últimas estimaciones calculan en 117.000 millones de dólares, la tasa se mantendría vigente hasta que se completara el reembolso.
Asimismo, el Tesoro deberá informar cada cinco años respecto a la evolución de dicho programa de reemboloso del TARP.
En este sentido, se espera que la nueva tasa al sector financiero permita recaudar 90.000 millones de dólares (62.174 millones de euros) en los próximos diez años, y completar los 117.000 millones de dólares en doce años.