Su objetivo es «garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol», con el nombre eufemístico de «salas de reflexión» o «salas de baja estimulación», ha explicado Múgica.
Sin embargo, «un instante de permanencia en el interior de esas celdas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad que debieran inspirar todos los métodos de intervención terapéutica», ha indicado.
Llegan a tener, en algún caso, portones de hierro y paredes forradas de caucho negro, carecen de ventilación y apenas alcanzan los tres metros de longitud.
«Esos cuchitriles, en los que so pretexto de garantizar la seguridad de los menores en momentos de descontrol se priva a los niños de todo estímulo sensorial hasta anular su resistencia, tendrían que ser sustituidos de inmediato -ha reclamado- por otros espacios, convenientemente acondicionados para evitar posibles lesiones».
Lesiones de los menores
Las medidas que suscitan mayor rechazo por parte de los adolescentes son las de separación del grupo y aislamiento, el empleo abusivo de las contenciones, el uso excesivo de fármacos y determinadas prácticas denominadas impropiamente «educativo-creativas», ha proseguido.
Algunas de ellas han desembocado en lesiones de los menores, causadas por sí mismos o por otras personas, que han llegado a requerir la hospitalización de menores de algunos centros de Madrid, según ha citado Múgica.
El Defensor ha asegurado que el sistema para atender a estos menores no está dando frutos, a pesar de que las administraciones gastan una media de 3.810 euros mensuales por cada menor.
Gran debate nacional
El Defensor del Pueblo ha reclamado en el Parlamento un gran debate nacional y la colaboración del Gobierno y las CCAA para disponer de un reglamento de aplicación común en todos los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.
Igualmente, ha apuntado a que se solicite la autorización judicial cuando el internamiento de un menor sea por razón de trastorno psíquico, y ha sugerido que también se requiera por ingreso en centros que apliquen medidas que supongan alguna limitación de los derechos de los menores.
Estos menores «no son delincuentes», ha advertido Múgica, sino que su único delito es ‘nacer» en familias desestructuradas o haber crecido en la marginación y la exclusión social
El Defensor ha sugerido que se valore la conveniencia de establecer un marco jurídico general sobre la atención a estos menores, que contenga los supuestos, requisitos y condiciones para aplicar medidas de contención de carácter no sancionador.
También ha pedido un sistema de reclamaciones y quejas en los centros, que se aprueben las especialidades de psiquiatría y psicología infantil y de la adolescencia y más inspecciones fiscales, que son «muy escasas», y sobre todo, ha agregado, es necesario «escuchar a los menores».