Ante la prensa, y sobre la posibilidad de que el Gobierno regional contemple rehabilitar en sus cargos a Carlos Gómez (IU) y a Francisco Serrano (PP), los dos miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid que fueron expedientados, González ha manifestado que «aquí no se suspende a alguien porque alguno tenga una ocurrencia».
Según el vicepresidente, si el consejero Beteta ha tomado esa decisión es porque «en el ejercicio de sus funciones» ha encontrado «actos objetivos de que estos señores han incumplido algunas de las determinaciones de la ley o de los estatutos» de Caja Madrid. «Por lo tanto- ha concluido González- en lo que esas circunstancias se mantengan, evidentemente la decisión del consejero se tiene que mantener».
La propuesta de Blesa, que consiste en reformar los estatutos de la entidad, será sometida, a continuación, a la revisión y aprobación del consejero de Economía y Hacienda, quien deberá remitirlos de nuevo a la entidad en un plazo de un mes.
Durante la reunión, mantenida en Toledo, José Antonio Moral Santín (Izquierda Unida) tomó la palabra y anunció que si Beteta veta alguna parte de las modificaciones propuestas por el borrador, él tendrá su opinión y será beligerante contra la intromisión de la Consejería. Asimismo, indicóque pedirá que conste en acta su oposición a dichos cambios.
Aumentar el peso del Ayuntamiento de Madrid
En una reunión que algunos calificaron de «tensa», otros de los 21 miembros del consejo de administración intervinieron para destacar la necesidad de cumplir con lo establecido por la nueva ley que entró en vigor a comienzos de año.
De hecho, los estatutos presentados de Caja Madrid se adaptan a la Ley aprobada a comienzos de año por la Asamblea de Madrid, pero introducen también el espíritu de la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorros (LORCA), de ámbito nacional, de modo que permiten aumentar el peso del Ayuntamiento de Madrid por encima del 30 por ciento que establece la norma promovida por Esperanza Aguirre.
El texto respeta las modificaciones incorporadas por la Ley regional, al tiempo esquiva aquellos aspectos que el consejo considera que vulneran el espíritu o la letra de la LORCA.
De este modo, los nuevos estatutos no hacen efectivo «de forma taxativa» el recorte del 70 al 30 por ciento de los representantes del consistorio, y modulan la ponderación entre el número de clientes y los depósitos que incorpora la nueva Ley y que, según los críticos, sobrevalora a municipios con gran poder adquisitivo respecto a los más poblados, de cara a sus representantes en la asamblea de la entidad.
Espías y Caja Madrid
Sobre la situación en Caja Madrid también se han pronunciado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
«Respetamos la independencia de la Caja y de sus órganos rectores», ha dicho el regidor madrileño, para quien «al margen de cuál sea el cauce de incorporación (de directivos a la entidad) al ejercicio de sus funciones, a partir del momento en que se ejercen, se tienen que realizar en beneficio de los ciudadanos, de los impositores, y no siguiendo ningún tipo de instrucción o de criterio del órgano que propuso ese nombramiento».
Aguirre ha subrayado que Caja Madrid, «como todas las instituciones financieras, pero sobre todo como todas las cajas de ahorros, tiene que estar presidida por los principios de independencia, transparencia y limitación de los mandatos».
Asimismo, Aguirre evitó hacer una relación causal entre la polémica sobre los espías y la batalla por el poder de Caja Madrid. «No tengo ningún dato para decir que esto tiene que ver con Caja Madrid. Yo lo que sí puedo decir es que la Comunidad de Madrid, y yo como su presidenta, lo único que en cinco años y medio le he pedido al presidente de Caja Madrid es que apoyara el bicentenario de 1808 como patrocinador exclusivo. Por lo tanto, independencia, transparencia y limitación en los mandatos», insistió.