Las mismas fuentes subrayan la importancia de que las investigaciones desarrolladas por la Policía y la Guardia Civil no hayan dado como resultado sólo una «suma de indicios» de la vinculación de Askatasuna con formaciones ya ilegalizadas, sino un auténtico «relato» continuado en el tiempo prácticamente desde la fundación del partido.
Entre los indicios con los que ya trabaja la Abogacía del Estado, a la que el Gobierno ha ordenado proceder contra el partido, figuran sus estatutos, que han resultado ser una copia casi exacta de los de Euskal Herritarrok, la denominación que adoptó Herri Batasuna en 1998, coincidiendo con la inscripción de Askatasuna en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
La coincidencia temporal y la similitud de los estatutos avalaría la tesis, sostenida entre otros por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en uno de sus últimos autos, de que Askatasuna ya era entonces una «marca blanca» de ETA con la que la banda pretendía asegurar su presencia en las instituciones ante una eventual ilegalización de Herri Batasuna.
Según las fuentes consultadas, a estos indicios hay que sumar muchos otros, como las reuniones y los contactos mantenidos por los dirigentes del partido con otros representantes de la izquierda abertzale, las declaraciones públicas efectuadas por unos y otros e incluso el «marco» en el que se realizaron esas manifestaciones.
El Ejecutivo considera, por otra parte, que ese «relato de indicios» responde a los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, y muy especialmente en los que este último expresaba el jueves en la sentencia que avalaba la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV).
«Vinculaciones» con Batasuna
El Consejo de Ministros ha aprobado ordenar al abogado del Estado a que se inicien los trámites para impedir a las siglas sucesoras de Batasuna, HB, EH y PCTV presentarse en las próximas elecciones autonómicas vascas, en virtud de la aplicación de la Ley de Partidos.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la iniciativa del Ejecutivo.
De la Vega ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad del Estado han encontrado «vinculaciones» entre estas dos formaciones y la ilegalizada Batasuna o sus sucesoras. De este modo, el Gobierno presentará sendas demandas de ilegalización ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, que se sumarán a las que también prepara la Fiscalía.
De la Vega ha explicado que de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil «se desprende que existen vínculos entre la ilegalizada Batasuna y las candidaturas presentadas por la agrupación electoral D3M, y entre Askatasuna y los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo en el 2003 y el 2008», en referencia a HB-EH-Batasuna, EHAK-PCTV y ANV.
«Cumplir la ley para evitar el fraude»
Aunque no ha concretado cuáles son esos vínculos, la vicepresidenta ha señalado que las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo «una actuación minuciosa destinada a acreditar esa vinculación en función de conexiones, de reuniones y de elementos que están probados en los informes» policiales siguiendo los criterios marcados por el Tribunal Supremo y el Constitucional.
La orden dada por el Gobierno, según Fernández de la Vega, autoriza a los servicios jurídicos del Estado a ejercitar todas las acciones legales previstas en la Ley para garantizar que ninguna formación o candidatura electoral continuadora de las ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones.
«El Gobierno, como siempre, está decidido a cumplir y a hacer cumplir la ley para evitar el fraude que algunos pretenden», ha concluido. Según el Ejecutivo, las consecuencias jurídicas que se derivan de los vínculos encontrados «han sido apreciadas por la Abogacía del Estado como relevantes a los efectos de poder instar de la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la anulación de las candidaturas de ambas formaciones y, en su caso, la ilegalización del partido político Askatasuna».