Los llamados dossiers circulan casi siempre por carriles clandestinos, conjurados en la confidencialidad, como armas de presión, chantaje y coacción. Pero una vez emergen y llegan a manos honradas y responsables su único destino es el juzgado. Un dossier -en todo caso elaborado contra alguien- busca extorsionar o denunciar. Lo primero es un delito y debe someterse al criterio del juez; lo segundo merece investigación que, igualmente, corresponde al juez. De modo que si Álvaro Lapuerta presentó a Mariano Rajoy un dossier contra Granados y González, o bien transmitió verbalmente al presidente del PP sospechas sobre supuestas prácticas inapropiadas perpetradas por éstos, el juez debe tener a estas alturas puntual información al respecto. Ni el ex tesorero del PP ni el presidente del partido -mucho menos la presidenta de la Comunidad- pueden despachar este asunto como una cuestión doméstica: afecta a cargos públicos retribuidos por los contribuyentes y concierne a fondos de las arcas comunes. El asunto no tiene vuelta de hoja.
Es curioso que haya sido el diario El Mundo más explícito que El País en los términos de la información que transmitió Álvaro Lapuerta a Mariano Rajoy. Porque la crónica de ayer del primero de los periódicos es mucho más comprometida que la del segundo el pasado domingo. Ahí es nada que el ex tesorero de la organización popular exprese sospechas sobre dos altos cargos de la Comunidad de Madrid y manifieste su temor a ser espiado por elementos a sueldo de esa administración.
En este contexto no se entiende -o se entiende de la peor manera- el enroque de Esperanza Aguirre, que niega todo y se victimiza («van a por mí», lo cual, por cierto, es obvio), en vez de reaccionar como aconseja una manual de primeros auxilios políticos: poniéndose al frente de la investigación y de la exigencia de clarificación. En política -habría que decir que en la vida- no se debe poner la mano en el fuego por nadie, como ha hecho la presidenta de la Comunidad. Y mucho menos cuando ella recibe a diario sospechas, acusaciones, denuncias, sugerencias, quejas, que deberían ponerle en guardia y adoptar una actitud más prudente. «Pruebas, quiero pruebas», reclama Aguirre a la vez que se proclama «la más perjudicada por este asunto». Si se siente víctima y perjudicada, antes que apelar a una conspiración -¿otra, Esperanza?- tan improbable como la que inventaron sus corifeos en torno al 11-M, debería hacerlo al sentido de supervivencia. Los náufragos gritan y se agitan. Sólo los que mantienen la serenidad se dejan salvar y pueden ser salvados.