Tras mostrar varias fotografías de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el portavoz ha insistido en que la Junta de Castilla y León «siempre ha sido respetuosa con la Constitución y con la autonomía de los consejos escolares».
De Santiago-Juárez ha reclamado «que se unifique el criterio» para determinar en qué momento se conculcan derechos fundamentales por la presencia de crucifijos en espacios públicos y en cuáles no, ya que no aprecia la diferencia entre el caso denunciado en el colegio de Valladolid y la presencia de símbolos religiosos en juzgados o dependencias oficiales, como las utilizadas para las tomas de posesión de los altos cargos del Estado.
Se ha detenido en su crítica hacia el ministro Fernández Bermejo, a quien ha pedido «más esfuerzos para mejorar y modernizar la Justicia», en lugar de criticar a la Junta de Castilla y León sobre este asunto, y ha añadido que «lo mejor para los ciudadanos hubiera sido que, con crucifijo o sin crucifijo delante, él no hubiera jurado o prometido el cargo de ministro».
«Este país necesita mucha Constitución», ha indicado el portavoz, quien cree que mientras la Junta de Castilla y León protege la Carta Magna «otros son más tibios para defenderla», en referencia al PSOE, al que ha preguntado «hasta dónde quiere llegar con esta confrontación».
De Santiago-Juárez se ha preguntado también si «alguien en Castilla y León se puede creer» que en los últimos 30 años se ha vulnerado la Constitución en materia de símbolos religiosos en los colegios y «quién duda» de que España sea un Estado aconfesional.
Sin corses ideológicos
En opinión del representante de la Junta de Castilla y León, los ciudadanos «no quieren corsés ideológicos rancios», sino «un sistema educativo que funcione».
Para aclarar que el recurso judicial no supone un posicionamiento de la Junta sobre la conveniencia o inconveniencia de que la presencia de los crucifijos se mantenga, De Santiago-Juárez ha recordado que desde que las competencias educativas fueron transferidas a la comunidad autónoma en el año 2000, la Junta ha construido 168 centros públicos y en ninguno de ellos se han colocado crucifijos en las aulas, aunque tampoco ha obligado a quitar ninguno de los ya existentes.
«No somos intervencionistas, como otros, porque creemos en la representatividad de la sociedad civil, expresada en el consejo escolar», ha zanjado el portavoz, quien aprecia un «debate estéril y de bajo techo» en torno al caso denunciado por la Asociación Cultural Escuela Laica en el colegio público Macías Picavea, a la que un juez ha dado la razón en su demanda para retirar los crucifijos de las aulas.