El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha declarado a Pescanova en concurso de acreedores, al tiempo que ha apartado al consejo de administración, presidido por Manuel Fernández de Sousa, de la gestión de la empresa, ya que «mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de díficil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal».
«Las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio quedan suspendidas, siendo el deudor sustituido por la administración concursal que se designará al efecto», según consta en el auto.
En este sentido, el juzgado explica que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o una persona nombrada por ésta. Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de cinco días para confirmar si acepta o no ese cometido.
En el auto, el juez afirma que Pescanova ha incumplido su deber de formular las cuentas de 2012 en el plazo indicado y el de presentar los estados financieros del segundo semestre ante la CNMV, así como la «existencia de discrepancias relevantes» entre la documentación enviada inicialmente con la solicitud del concurso y la subsanación posterior, relativas a los cambios en la participación accionarial del socio mayoritario, al pasivo total reconocido (una diferencia de casi 88 millones) o los desencuentros en el seno del consejo de administración sobre una decisión de «tal trascendencia» como la solicitud de un concurso de acreedores.
Por ello, considera «sin temor al equívoco», que «mantener las plenas facultades del deudor puede conducir a una situación de difícil gobernabilidad, en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal».
Así, entiende que, para mantener en lo posible la actividad y el empleo, y para satisfacer los intereses de los acreedores (más de 50, según reconoce la propia Pescanova), se exige una «voluntad única y eficaz» que «puede verse mejor desempeñada por la administración concursal».
Los accionistas minoritario, a punto de denunciar a Sousa
AEMEC, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, han organizado una plataforma con el objetivo de aunar el 5% del capital de Pescanova y solicitar una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, para conocer su posición ante la designación del supervisor en la administración concursal de la empresa.
Menos de dos horas después de que presentara en sus oficinas de Madrid esta propuesta, que pretendía unir fuerzas con Damm y Luxempart, que suman un 12,02% del capital de la firma gallega, y pedir así que se convoque una junta general extraordinaria, el juez de lo Mercantil Nº1 de Pontevedra ha tomado la iniciativa y en su auto de declaración del concurso voluntario ha decidido apartar de la gestión de la empresa al actual órgano de administración y cesar de su cargo a Manuel Fernández de Sousa, presidente de la compañía.
Denunciaban que «se está privando a los socios de la compañía del ejercicio de su derecho de información respecto a la difícil situación por la que ésta atraviesa». Por lo que se unirán con Damm y Luxempart, que suman un 12,02% del capital de la firma gallega, para unir fuerzas y pedir así que se convoque una junta general extraordinaria en donde Pesacnova deberá exponer la información real de en que estado se encuentra la compañía, además de exponer las medidas que piensa tomar para salvaguardar la situación.
«Vamos a pedir que se aparte al director general de su puesto», decía Ignacio Aragón Alonso, abogado de Cremades & Calvo-Sotelo. «¿Pedir a los socios de Pesacnova que se querellen contra el presidente?», añadía una de las periodistas a la rueda de prensa convocada por AEMEC, «Sí. Bueno, que le demanden, porque va por lo penal». Además, habría que «sustituir a buena parte de la cúpula directiva», a su parecer, por «una gestión empresarial dudosa, cuanto no irresponsable», decía el portavoz de AEMEC.
Administrador concursal
El juzgado señala que la administración concursal estará integrada por un miembro del personal técnico de la CNMV o una persona nombrada por ésta. Este administrador deberá comparecer ante el tribunal en el plazo de 5 días para confirmar si acepta o no ese cometido.
A partir de ahí, el administrador concursal tendrá un plazo de dos meses para elaborar su informe. Asimismo, según establece la Ley Concursal, deberá comunicarse con los acreedores para informarles de la declaración de concurso y de su deber de comunicar sus créditos (para lo que tienen un mes).
La empresa concursada tiene el deber de comparecer ante el juzgado o ante la administración concursal siempre que sea requerida, y también el deber de «colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso».
Solicitud de concurso
El auto del juez Roberto de la Cruz señala que la solicitud de concurso cumple las condiciones exigidas y se acompaña de documentación que, pese a no completar la previsión recogida en la Ley Concursal, «sí resulta suficiente a los efectos de acreditar la situación de insolvencia actual».
El concurso se tramitará por procedimiento ordinario, ya que las cifras indicadas en cuanto al pasivo, activo y número de acreedores, «impiden absolutamente acudir al procedimiento abreviado».
Por otra parte, en la solicitud del concurso, Pescanova ha puesto de manifiesto su intención de pedir al administrador «autorización para retrasar la obligación legal de formular cuentas anuales». En el auto también se recoge que la empresa «no ha instado la liquidación de su patrimonio ni ha presentado propuesta anticipada de convenio».
La deuda de la firma gallega, según fuentes conocedoras de su situación económica consultadas por Europa Press, podría alcanzar los 3.000 millones de euros, es decir, unos 1.500 millones de euros por encima de lo que figura en el pasivo auditado (1.522 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2012).