Ha pasado casi desapercibido por la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez en la que se ha dado un plazo de cinco días para decidir si continúa en el cargo o dimite. Pero el PSOE tiene candidata a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Se llama Teresa Ribera y es la actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Sin embargo, no está claro cuándo podría dejar el cargo, dimitir y centrarse en la campaña electoral, si es que finalmente dimite. Con todo, se abren tres escenarios posibles que vienen condicionados por un calendario muy apretado, que se repite cada cinco años con ligeros cambios de fechas: el 24 de mayo se inicia la campaña electoral; el 9 de junio, a votar; el 16 de julio los nuevos eurodiputados toman posesión de su cargo en una sesión constitutiva en el Parlamento Europeo; dos meses después, el 16 de septiembre, se celebra un Pleno para elegir al presidente de la Comisión Europea; en octubre, sin fecha concreta, está previsto que se celebren las audiencias de los comisarios designados; entre octubre y noviembre, votación de la Comisión en su conjunto; el 2 de diciembre, la nueva Comisión Europea echa a andar.
Con este contexto, el escenario más probable es que Ribera no tome posesión como eurodiputada y dimita al ser nombrada comisaria europea. En ese caso, se ‘despedirá’ del Consejo de Ministros en octubre o noviembre, tal y como hizo Josep Borrell en 2019. El segundo escenario es que la vicepresidenta tercera del Gobierno dimita antes de las elecciones europeas para centrarse en la campaña electoral. Es lo que hizo Miguel Arias Cañete en 2014. Dimisión a finales de mayo. Fuentes consultadas por Estrella Digital apuntan a que el escenario menos probable es que la ministra dimita antes de la constitución del Parlamento Europeo para tomar posesión como eurodiputada, entre el 9 de junio y el 16 de julio.
Lo que está claro es que, si continúa en el cargo, seguirá cobrando un sueldo público de 7.050 euros brutos al mes como vicepresidenta y ministra del Gobierno de España. Entre agosto y el 1 de diciembre del año pasado también ingresaba la indemnización libre de impuestos por su condición de diputada por Madrid, algo más de 900 euros mensuales.
En 2018, la retribución asignada para un ministro era de 71.424 euros en 12 pagas. Ribera asumió el cargo el 7 de junio de ese año. Cobró la parte proporcional de seis meses y 23 días, unos 40.300 euros, más los trienios de antigüedad que le corresponden. Según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, en 2019, Ribera cobró 76.021 euros, incluidos cinco trienios. Un año después, ya como vicepresidenta cuarta, 82.956 euros, con seis trienios; en 2021, 83.111 euros; en 2022, 86.020 euros; en 2023, 88.601 euros, con siete trienios. Para 2024, con los presupuestos prorrogados, sigue con el sueldo congelado en 84.600 euros anuales.
Según cálculos realizados por este digital, durante los primeros cuatro meses del presente ejercicio ha ingresado unos 29.500 euros. Con datos oficiales publicados, Ribera ha cobrado más de 382.000 euros por sus cargos de ministra y vicepresidenta del Gobierno entre junio de 2018 y diciembre de 2023. Si sumamos el primer cuatrimestre de 2024 la cifra se dispara a más de 411.000 euros.
¿Eurodiputada o comisaria?
A falta de que actualicen el dato de la asignación mensual de los diputados del Parlamento Europeo con fecha de 2024, Teresa Ribera, al igual que todos europarlamentarios, (61 españoles) cobrará 10.075 euros. Esta cantidad está sujeta a un impuesto de la UE y al pago de una cotización a un seguro de accidentes. Una vez deducidos los importes correspondientes, la asignación asciende a 7.854. Los Estados miembros también pueden someter dicha asignación a impuestos nacionales. La asignación básica equivale al 38,5% del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ribera también dispondrá de 4.950 euros mensuales en dietas “destinadas a cubrir los gastos en el Estado miembro de elección, tales como los gastos de gestión de oficina de los diputados, los gastos de teléfono y los gastos postales, así como la compra, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos informáticos y telemáticos. Las dietas se reducen a la mitad si los diputados no asisten a la mitad de las sesiones plenarias en un año parlamentario (de septiembre a agosto) sin la debida justificación. Tiene derecho al reembolso del coste real de los billetes en avión y tren en clase business o primera clase y a la devolución de 0,58 euros por kilómetro para viajes en automóvil con un tope máximo de 1.000 kilómetros, además de peajes o gastos por excesos de equipaje.
“Para las actividades que desarrollen fuera de su Estado miembro de elección, los diputados tienen derecho al reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento y otros gastos asociados hasta un máximo anual de 4.886 euros. Para las actividades que desarrollen en su Estado miembro de elección, los diputados sólo tienen derecho al reembolso de los gastos de transporte, con un máximo anual establecido para cada país.
Para las dietas diarias o dietas de estancia, la Cámara abona una cantidad fija de 350 euros al día “para cubrir todos los demás gastos en que incurren los diputados con ocasión de los periodos de actividades parlamentarias, siempre que acrediten su presencia firmando uno de los registros oficiales abiertos a tal efecto”. Eso sí, “si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones nominales, esta dieta se reduce a la mitad, aunque haya estado presente. En el caso de las reuniones celebradas fuera de la Unión Europea, la dieta es de 175 euros (siempre supeditada a la firma de un registro), y las facturas de hotel se reembolsan por separado”.
Ribera también dispondrá de un máximo mensual de 28.696 euros para el personal asistente. Dicho importe no se abona a los diputados, sino que se paga como sueldo a los asistentes que cumplen las condiciones y disponen de un contrato válido, así como a los organismos encargados de recaudar los impuestos sobre los sueldos.
Los diputados pueden recurrir a varios tipos de asistentes. Los asistentes acreditados, contratados en Bruselas (o en Luxemburgo / Estrasburgo), dependen directamente de la administración del Parlamento. Los diputados pueden contratar a tres asistentes acreditados, incluso cuatro en determinadas condiciones. Al menos, el 25% de los gastos de asistencia parlamentaria se reserva para los asistentes acreditados.
Los asistentes locales asisten a los diputados en el Estado miembro en que estos han sido elegidos. Dichos contratos son gestionados por un agente pagador cualificado, que garantiza el correcto cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad social y régimen fiscal. Los contratos de los asistentes locales pueden ser contratos de trabajo o contratos de prestación de servicios (autónomo o empresa).
Los becarios pueden efectuar un período de prácticas bien en las instalaciones del Parlamento, bien en el Estado miembro de elección. El coste total para los asistentes locales y los becarios no puede rebasar el 75% de los gastos de asistencia parlamentaria. El coste de los prestadores de servicios no puede superar el 25% de estos gastos.
Las remuneraciones máximas de los asistentes locales (remuneración bruta para los empleados u honorarios sin IVA para los prestadores que sean personas físicas) no pueden rebasar, como media mensual, los límites máximos según una tabla. Con datos de enero de 2019, el tope para España es de 6.654 euros al mes. Para los países con mayor renta y costes salariales más elevados, esa cifra supera los 8.000 euros (Francia, Italia, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica o Irlanda).
Pero, ¿a qué sueldo público aspira Ribera si en otoño es nombrada comisaria europea? Pues casi 311.000 euros brutos anuales, unos 25.900 mensuales, el equivalente al 112,5% del salario base de los funcionarios de alto nivel de la Unión Europea, grado 16/3. Este salario está exento de impuestos nacionales, pero sí ‘sufre’ un impuesto progresivo en beneficio de la Unión y que oscila entre el 8 y el 45% (14 tramos o tipos). El máximo es el que se aplica a los puestos más altos de la Comisión, como el sueldo de los comisarios.
Experiencia ‘energética’ y ‘sostenible’
Teresa Ribera Rodríguez nació en Madrid en 1969. Es licenciada en Derecho en 1992 por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha sido profesora asociada de Derecho Público en la Universidad Autónoma de Madrid. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1996.
“Ha sido miembro del consejo asesor para el clima del Foro Económico Mundial entre 2014 y 2016, así como de otras iniciativas en materia de sostenibilidad, clima y energía”. Su primer cargo de libre designación en la Administración General del Estado fue el de directora de la Oficina Española de Cambio Climático (2005-2008) bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Después ascendió a secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011).
Hasta junio de 2018 que Sánchez la llama para ocupar una cartera ministerial, pasa por una etapa en el sector privado: directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), con sede en París, desde junio de 2014, según los datos biográficos que figuran en la web del Ministerio. Con anterioridad, trabajó como asesora en el programa de políticas de clima de dicho instituto entre septiembre de 2013 y junio de 2014, entre otros puestos.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos
