Pues a mí, en principio, me parece acertada la decisión del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, de sacar adelante una Ley de Acción Exterior. Entiendo que lo que se propone el ministro no es otra cosa que ordenar todas las actividades diplomáticas e institucionales llevadas a cabo no solo por el Gobierno de España sino por las comunidades autónomas y otras instituciones.
Un Estado no puede tener varias políticas exteriores, de manera que es lógico que los presidentes autonómicos cuando viajan fuera de nuestro país en visita oficial, informen al Ministerio de Exteriores del objetivo del viaje, entre otras cosas, para que el propio ministerio les pueda dar toda la cobertura y ayuda que puedan necesitar. Vamos, esto me parece a mí que es de sentido común. Lo que no tiene ni un pase es que los presidentes autonómicos vayan por libre. Como tampoco lo tienen que se gasten el dinero de los contribuyentes en lujosas oficinas a modo de «embajadas» en distintos países.
Lo que no es de recibo es que desde la Generalitat se acuse a este proyecto de «rancio»
Por eso, también me parece acertada la propuesta del ministro Margallo de que las comunidades autónomas tengan esas «oficinas» dentro de las representaciones diplomáticas españolas. De esta manera se ahorra un montón de dinero a los contribuyentes y además contaran con todo la ayuda del Estado.
Falta por conocer la letra pequeña de la ley de Acción Exterior que prepara el ministro, pero, en principio, la música suena bien. Lo que no es de recibo es que desde la Generalitat y de sus socios los hombres de Esquerra, se acuse a este proyecto de «rancio». Rancio ¿por qué?
Desde la Generalitat se ha venido jugando a que estas oficinas eran sus propias embajadas y además les servían para colocar con buenos sueldos a los suyos. Pero ojo, no solo Cataluña tiene estas oficinas de representación, el resto de las comunidades autónomas también las tienen. Desde Andalucía a Aragón pasando por Galicia, etc, etc, etc. Y convendrán conmigo que mantener oficinas de representación autonómica en el exterior es un gasto que no se justifica y mucho menos en tiempos de crisis. Entre que se tenga que cerrar un quirófano o se recorte el dinero para educación mejor que se cierren estas «embajadas» autonómicas.
Mantener oficinas de representación autonómica en el exterior es un gasto que no se justifica
En mi opinión eso no supone ningún ataque a las comunidades, ni mucho menos una merma de sus funciones, aunque en muchas ocasiones hay dirigentes nacionalistas que se olvidan que ellos también forman parte del Estado, el Estado español.
Ya digo que Artur Mas ha arremetido contra el proyecto porque cree que el Gobierno lo único que pretende es impedir que él pueda hacer campaña por la independencia de Cataluña fuera de nuestras fronteras. La verdad es que no sé si entre las intenciones del Gobierno está también poner las cosas difíciles a Mas en su enloquecida carrera en pro de la independencia de Cataluña, pero si es así, pues tampoco me parece mal. Faltaría más que con el dinero de los contribuyentes el señor Mas pueda hacer propaganda independentista.
Falta conocer la totalidad del proyecto de la ley de Acción Exterior, pero insisto, a mí la música me suena bien.
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Julia Navarro