La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha recibido el encargo de ocuparse del caso de los ERE ilegales que en pocas semanas se ha convertido en el tema estrella de la actualidad andaluza, y no sé si hasta de la nacional según los medios de los que hablemos. No se podía entender que un escándalo de estas magnitudes no estuviese desde el principio en manos de Anticorrupción, como ha sido la pauta del Fiscal General del Estado en asuntos de tanto calado, sin ir más lejos el caso Gürtel y sus célebres ramificaciones de sastrería en Valencia.
No pasa un solo día sin que el tejemaneje de los ERE aporte nuevas revelaciones a la opinión pública. Siempre se nos ha antojado un cesto de cerezas del que coges la primera y se te vienen enganchadas varias más y de estas otras varias, y así hasta que acabas con la fruta. Ahora se ha sabido que no fueron tres, sino siete, las advertencias de la Intervención General de la Junta a la Consejería de Hacienda por el método irregular y opaco que se seguía en la de Empleo para conceder estas subvenciones sin apoyo legal. Tanto es así que el consejero actual, Manuel Recio, que está demostrando sensibilidad y transparencia ante el asunto, ha vuelto a la fórmula original para que no queden dudas de que el procedimiento antes empleado no se ajustaba a las normas administrativas.
De la misma manera hemos sabido que la juez Mercedes Alaya ha pedido al Consejo de Gobierno todas las actas de sus reuniones celebradas desde 2001 hasta 2010, requerimiento al que se ha negado la Junta aduciendo la confidencialidad de tales actas, según determina el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, la consejera de Presidencia ha informado en rueda de prensa que están dispuestos a facilitar al Juzgado las certificaciones de los asuntos tratados específicamente sobre los ERE, solución que es de esperar acepte la magistrada.
Continua el goteo de nombres y situaciones ilegales en las que se otorgaron subvenciones amañadas, y nadie duda que con el levantamiento del secreto del sumario –todavía algunos meses por delante- se llegará a conocer la extensión de esta chorizada sin precedentes en la Administración pública española. Personajes del PSOE y de la UGT, amigotes recompensados y otra variada ralea sin derecho ninguno integran la relación de beneficiarios de estos complementos de pensiones para los que la Junta de Andalucía había transferido torticeramente 647 millones de euros, de los cuales al menos diez, según el propio presidente Griñán, están en el ojo del huracán.
Las explicaciones oficiales ofrecidas hasta el momento no convencen a nadie. No tiene explicación posible que el dinero del común gozase de tanta alegría para ser distribuido sin el menor control y, como queda dicho, contra las advertencias de la Intervención. Si como parece los expedientes sometidos a la lupa de la Justicia se acercan a los doscientos, no puede hablarse en modo alguno de casos puntuales o aislados. Tuvo que existir detrás, o delante, una auténtica trama delictiva a la que es más que probable que no fueran ajenos algunos consejeros y otros altos funcionarios.
De ahí que la decisión del Fiscal General de encomendar el caso a Anticorrupción de Sevilla sea una medida necesaria, aunque tardía, que nada más merece la satisfacción de todos aquellos que por encima de motivaciones políticas desean el pronto esclarecimiento de este fétido asunto.
Francisco Giménez-Alemán