martes, diciembre 6, 2022

Pugna por la gratuidad en internet

La gratuidad de internet peligra. Es la advertencia de los anunciantes, los medios y las empresas digitales ante la presión de los gobiernos para aumentar las limitaciones a la publicidad en internet y los móviles. ¿Quién pagará los 38 euros mensuales en los que se valoran el correo, la mensajería, los buscadores, las redes sociales, los vídeos, la música y el resto de contenidos y servicios gratuitos de internet? La privacidad de los usuarios es más importante, argumentan los gobiernos y reguladores.

La directiva europea sobre privacidad en telecomunicaciones obliga al consentimiento previo y expreso de los usuarios para admitir la publicidad digital basada en el comportamiento. Ni una cookie, esas pequeñas herramientas para recopilar información sobre la navegación, sin la aceptación previa, libre y explícita del usuario en cada navegador o en cada publicidad.

La industria lanza el grito de alarma. La economía de los datos permite funcionar a la publicidad en internet y los medios digitales. Sin herramientas para hacerla más efectiva, la gratuidad sería inviable.

El Internet Advertising Bureau (IAB) calcula en 120.000 millones de euros el valor de los servicios y contenidos gratuitos de internet. En España alcanzaron los 4.900 millones de euros en 2010, financiados por el comercio electrónico y una inversión de 800 millones en publicidad. Cada hogar recibiría 38 euros mensuales de contenidos y servicios gratis frente a los 27,5 euros de media que se paga por el acceso a internet. Una factura media de más de 85 euros cuando se suma el móvil y el teléfono fijo, según datos de IAB y de Red.es.

Europa quiere proteger a los ciudadanos de lo que las grandes empresas de internet saben de ellos. Las agencias de protección de datos están agrupadas en el llamado Grupo del Artículo 29, del que es vicepresidente Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), quieren imponer un sistema de opt-in –consentimiento previo- para permitir el acceso a los datos mientras en Estados Unidos el Departamento de Comercio promulga una Declaración de Derechos de la Privacidad para que los navegadores ofrezcan sistemas más claros de bloquear las  cookies.

La industria europea y española ofrece un compromiso de autorregulación. Defiende que las cookies son imprescindibles para el funcionamiento de internet y que no atentan contra la privacidad porque usan datos de navegación, no personales. Y lanza la propuesta de aumentar la información a los usuarios de la publicidad que usa cookies, identificada con un icono. Ofrecer sistemas claros para desactivar las cookies: de tipo opt-out o do not track, como se han comprometido los principales navegadores. Y aumentar la autorregulación.

El futuro de internet depende del acuerdo. Los reguladores insisten en la economía del consentimiento, el valor de la privacidad y nuevos derechos como la minimización de datos y el derecho al olvido en internet. La industria sabe el valor de los datos de los usuarios y propone un trato para sostener la gratuidad. Por ahora la mayoría de los usuarios valoran más los contenidos gratis en internet que la protección de sus datos. La búsqueda de un compromiso es imprescindible para todos.

Juan Varela

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