Entre los delirios y las voracidades localistas que hay que corregir del desarrollo del Estado de las Autonomías (ya que no tiene nada que ver ni con un Estado moderno ni incluso con el concepto de Estado federal al que algunos dicen aspirar) está la apropiación del agua, una apuesta tan generalizada como ranciamente sinsorga. Andalucía se apropia del Guadalquivir, Cataluña del agua del final del Ebro, Aragón pone pegas y condiciones de todo tipo para ceder agua a unos municipios catalanes que la necesitan, Castilla-La Mancha quiere establecer estatutariamente una «reserva de agua», etc. Ahora que se polemiza escandalosamente con la inmigración, la apropiación (indebida) del agua es otro modo de azuzar a los locales contra los de fuera, que se lo llevan todo…
En esta materia, desde antaño hasta el Plan Hidrológico Nacional, el PP ha venido manteniendo una posición sensata, la única que hace posible las necesarias políticas generales que el país precisa. Y hete aquí ahora que la presidenta del PP en Castilla-La Mancha no quiere reaccionar contra las pretensiones del PSOE para la reforma del Estatuto y levanta las lógicas suspicacias (y enfados) de presidentes autonómicos de su partido como Camps, Valcárcel y Aguirre, que, en esta cuestión, no solamente se ajustan al programa del PP sino también al sentido común.
Rajoy hace de mediador y algunos aseguran que María Dolores de Cospedal, que es la protagonista de la parálisis, está a la espera de que las protestas contra las intenciones de Barreda vengan de los socialistas de Valencia y Murcia. Si ayer escribía sobre los charcos en los que se mete el PP, en esta ocasión se trata de una piscina en la que algunos (o alguna) terminarán ahogándose si no reaccionan a tiempo. Cospedal, para empezar, no sólo es la dirigente del PP en Castilla-La Mancha, sino la secretaria general del partido. Si no cumple con sus obligaciones políticas nacionales debería renunciar y reformar a gusto la sede de Toledo.
Germán Yanke