El dirigente del PP, que tiene previsto implicarse a fondo en las elecciones catalanas, previstas para otoño, también ha avanzado que su partido pedirá que «no se pueda conceder autorización para residir y trabajar» a los inmigrantes a los que «se les haya dictado orden de expulsión». Asimismo, el PP solicitará cambiar la Ley de Extranjería para «prohibir las regularizaciones masivas, porque es «disparatado» que un inmigrante piense que si viene a España sin papeles, tarde o temprano le regularizarán.
En este contexto, también ha conminado al Gobierno español a aprovechar la presidencia europea de la UE para fomentar una política común en materia de inmigración porque, ha dicho, es «ridículo» que le legislación sea diferente en cada país. Tras la polémica abierta sobre si se debe empadronar o no a los inmigrantes en situación irregular en España, el jefe de la oposición ha comentado que «todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen derecho a los servicios básicos fundamentales».
Ha recordado que multitud de gallegos emigraron al extranjero y que también a su vez han venido a España muchos inmigrantes a «ganarse la vida».
«Estoy a favor de la inmigración, ha remarcado el líder del PP en diversas ocasiones, aunque ha criticado las «contradicciones» de la normativa actual: «la misma ley dice que hay que empadronar y que hay que expulsar a los inmigrantes irregulares».
Tras mencionar los casos de Vic y Torrejón de Ardoz, ha recordado que la ley «hay que cumplirla, pero ha justificado la conveniencia de introducir cambios para afrontar este tema desde «el realismo, y ha deplorado que su partido fuera calificado de «facha» por criticar la «demagogia» que para él es reivindicar «papeles para todos».
Rajoy ha asegurado que el PP optará en esta materia por una «postura equilibrada» y por el «sentido común» y, así, ha comentado: «creo que si los derechos de sanidad o educación no los garantizara el padrón, sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos, sin ningún documento, ya nos evitaríamos muchos problemas».
A continuación, ha asegurado que este debate «no es malo» y que su partido se preguntará en las Cortes «qué hacemos con el padrón, aunque cree que lo importante es la «política de inmigración». En este punto, se ha preguntado cuál es la «capacidad de acogida» de la sociedad española, y ha apuntado que la respuesta dependerá de dos aspectos: el trabajo que haya y la capacidad de las administraciones para prestar servicios públicos.
Por su parte, la candidata del PPC a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, ha culpado a los socialistas y a CiU de las carencias de la normativa actual, y ha proclamado que ni en Cataluña ni en España «cabemos todos». Sánchez-Camacho ha rechazado que sea más fácil «entrar en España por arraigo desde la ilegalidad que desde la legalidad».
Por su parte, el presidente del grupo parlamentario del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha insistido en su idea de que la policía tenga acceso al padrón municipal, y ha defendido una inmigración «legal y ordenada» en Barcelona, donde «uno de cada cinco barceloneses empadronados son inmigrantes».