El deterioro de la Justicia ha llegado a tal extremo que los jueces se plantean una declaración de huelga. La falta de medios personales y materiales -empezando por el escaso porcentaje de juzgadores en relación con la población española- es un mal endémico al que los gobernantes de la democracia no han prestado la debida atención. Más bien se agravó, mientras que el funcionariado al servicio de la Administración Central y de las Administraciones Autonómica y Municipal crecía progresivamente. No vale la pena detenerse en lo que todo el mundo conoce. Las actas se amontonan en los pasillos y aun en los servicios de los pomposamente llamados palacios de Justicia.
Aunque el Poder Judicial sea único, el Tribunal Constitucional permitió en su día la transferencia a las Comunidades Autónomas de lo que llamó «administración de la Administración de Justicia», donde se incluyen el personal auxiliar y los medios materiales, pero podrían comprenderse también los secretarios judiciales y los fiscales, puesto que tampoco pertenecen strictu sensu a dicho poder. Así, junto a los jueces, gobernados por el Consejo General del Poder Judicial, se hallan los fiscales y los secretarios judiciales, dependientes del Ministerio de Justicia, y un personal auxiliar y subalterno que, según los casos, depende de aquel Ministerio o de una Comunidad Autónoma, Esta doble posibilidad se repite con los ordenadores y los bolígrafos. Como puede verse, un confuso panorama que, de un lado, facilita la ocultación de responsabilidades y, de otro, permite «avanzar» administrativamente en un cerco cuya próxima expresión serían los Consejos Judiciales Autonómicos.
El ‘caso Mari Luz’ fue explotado demagógicamente en contra de un juez (y excluyo las quejas de los padres y familiares de la niña). Se le llamó asesino a la puerta de su propio juzgado y desde el Ejecutivo se pidió de inmediato una sanción ejemplar. El aldabonazo terminó con la paciencia de quienes ya venían trabajando en lamentables condiciones y veían ahora cómo cualquiera de ellos podía convertirse en chivo expiatorio, fuera cual fuere su dedicación al cargo. Se sancionó al juez y a la secretaria, pero nadie respondió por las vacantes de personal auxiliar sin cubrir, o cubiertas -un disparate del que ya apenas ni se habla- por aspirantes que quizá no hubiesen tenido nunca el menor contacto con la Administración de de Justicia.
Ignoro si habrá huelga de jueces, pero creo que la actual postura del Ministerio de Justicia -más sensible y receptiva que antes- se debe en buena parte al lógico deseo de evitarla. Por de pronto, nadie sabe si tal huelga sería legal. La Constitución no la prohíbe y la Ley Orgánica que debería regular ese derecho duerme el sueño de los justos por falta de voluntad política, de forma que la incertidumbre no es culpa de los jueces. Ha habido huelgas en los países de nuestro entorno y nadie se opondría a la fijación de los oportunos servicios mínimos. ¿Podrían declarase en huelga los fiscales? ¿Y los secretarios? ¿Y el resto de la oficina judicial? El resultado sería el mismo, pues la Administración de Justicia es una maquinaria muy compleja cuyo funcionamiento no depende sólo del juez.
Se explica que los partidarios de la huelga sean más numerosos entre los jueces que trabajan en solitario. Se encuentran más expuestos que otros a pechar con las culpas ajenas. Son los eslabones más débiles del organigrama judicial. Si se hubiera resuelto sin demora la apelación contra la condena por abusos sexuales del luego presunto asesino de Mari Luz, probablemente aquél ya habría vuelto a la calle con anterioridad al día del horrendo crimen.
José Luis Manzanares