La conmemoración del trigésimo aniversario de la Constitución dió lugar, una vez más, a las tradicionales muestras de autocomplacencia y, por primera vez, a crecientes voces de críticas al texto que presenta ya notables defectos e insuficiencias que hacen imprescindible y urgente su reforma a fondo. A fondo y no esas cuatro reformas cosméticas que en su momento planteó el Gobierno (incluso de ese ridículo cambio, parece hoy arrepentido). No se trata sólo del Titulo VIII referido a la organización territorial del Estado sino de muchos otros, aunque ese citado es clave porque lo que está ocurriendo en la práctica es un impedir la construcción de un Estado moderno, eficiente y solidario por las acciones de unos y las omisiones de otros. Es urgente e imprescindible, hay que insistir una y otra vez, atajar este estado de cosas porque esas fuerzas van ganando.
El Estado de las Autonomías, concebido como algo original y diseñado torpemente por las servidumbres de la transición, ha agotado sobradamente su recorrido, antes positivo, y se ha convertido en su contrario. Sus efectos deplorables alcanzan muchos campos, entre ellos el de la economía, como lo está poniendo de relieve el actual desastre económico que no es sólo eso sino también social y político.
Con las siempre inacabadas transferencias de competencias y recursos a las CCAA, el estado central ha quedado reducido a algo residual con lo que sus posibilidades para encarar una crisis como la actual son escasas, casi ridículas. Es imposible diseñar y aplicar las necesarias políticas estructurales en campos fundamentales como la educación, vivienda, urbanismo y suelo, justicia, I+D+i entre otras, porque están transferidas en todo o en parte. En la práctica estamos viendo diecisiete políticas en esos campos con el consiguiente despilfarro y falta de eficacia. Todo eso, aunque muchas veces se olvide, tiene un efecto muy importante en la economía y en la lucha contra la presente recesión. Y mucha atención a la inminente reforma de la financiación autonómica que, por lo que se conoce hasta el momento, está claro que se va saldar con muchos menos recursos y competencias tributarias para el Estado central con el correspondiente coste en pérdida de eficiencia y de cohesión y aumento de los costes. Proceso que, además, como lo muestra la experiencia, no terminará ahí porque muchos lo considerarán insuficiente y vuelta a empezar. No hay país, ni sociedad ni economía que resista este proceso que nunca acaba. O, mejor dicho, puede haberlo con un enorme coste político, social y económico a sufrir por las generaciones futuras. Pasivo a anotar a los actuales dirigentes políticos y líderes sociales, incapaces de encarar su responsabilidad histórica.
El año que empieza es importante. El deterioro económico y social aumentará, de eso no hay duda. Hay crisis para rato y lo peor está por llegar. Por ello, no es descartable una difícil situación que debería exigir a la clase política y a los poderes económicos decisiones a la altura de esas demandas. La incógnita es si sabrán estar a la altura de lo exigido. Si miramos pasados comportamientos y permanentes talantes “panglossianos”, la respuesta es pesimista. Todo irá bien en el mejor de lo mundos.
Luis de Velasco