La prueba, necesaria para poder ejercer la profesión de abogado, ha sido suspendida «con el fin de evitar riesgos innecesarios» a través de una resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, tras abordarse el tema en una reunión en el Ministerio de Sanidad el pasado 6 de marzo.
En esa reunión Sanidad recomendó aplazar el examen, al que el año pasado se apuntaron más de 6.200 aspirantes, cerca de 350 de ellos extranjeros (un 60 % más que el año anterior), y al que este año iban a someterse 6.780 personas.
La prueba se iba a celebrar el sábado 28 de marzo en centros universitarios de Barcelona, Valencia, Granada, Murcia, Madrid, La Laguna (Tenerife), Bilbao y A Estrada (Pontevedra)
Justicia, que subraya el deber de los poderes públicos de tutelar la salud pública, explica en la resolución que la nueva fecha dependerá de la incidencia del coronavirus, se fijara cuando las autoridades sanitarias lo autoricen y se publicará con tres semanas de antelación en la página web del Ministerio.
La obligación de realizar un curso especializado y un examen para ejercer la abogacía se implantó con la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador aprobada en 2006, aunque la primera prueba no se convocó hasta 2014.
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