La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical en la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), recrimina a Colau su iniciativa de autorizar servicios de vigilancia privada en puntos sensibles. “Mientras la Generalitat promete más efectivos de Mossos, Ada Colau sigue sin mover ficha y lo que se le ocurre es autorizar servicios de vigilancia privada”.
CSIF defiende que, “ante la falta de efectivos en la GUB, deberían dotar de más medios a su policía y convocar plazas. Se necesita personal cualificado para estos menesteres y no gastar el dinero del contribuyente en personal no experto. Debería dotar a los efectivos policiales de material y recursos humanos para lidiar con el repunte de la inseguridad, y no autorizar soluciones que pisan las competencias del cuerpo municipal de seguridad y de los Mossos d’Esquadra.
Han de ser los agentes quienes patrullen las calles, ya que son los que tienen experiencia y potestad para actuar. Se necesitan más policías para llevar a cabo un plan de seguridad viable. Ada Colau va poniendo parches con su ignorancia.
Que deje los temas de seguridad a los expertos ya que ella ya ha demostrado su incompetencia en el ámbito de la seguridad. Ahora promete más cámaras de seguridad. Siempre han sido necesarias pero Colau no ha instalado ninguna nueva desde que comenzara su mandato”.
Las competencias en seguridad son para la GUB, como recoge la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, que en su artículo 133 expone: “La Guardia Urbana de Barcelona actúa como policía de autoridad, policía de seguridad y asistencial y policía judicial, en los términos de esta Carta y de las leyes orgánicas y procesales aplicables”.
Entre sus funciones, destaca el articulo 135 h): “Captar, recibir y analizar todos los datos que tengan interés para la orden y la seguridad en los espacios públicos y estudiar, programar y ejecutar los métodos y las técnicas de prevención de la delincuencia que atente contra aquella seguridad”.
Y la responsabilidad es de la Señora Alcaldesa como también recoge la Ley en su artículo 132.1: “El alcalde o alcaldesa de Barcelona tiene la condición de autoridad competente en materia de seguridad, cuando actúe en el ejercicio de las competencias atribuidas al municipio en esta materia”.
Ante la grave crisis de inseguridad en Barcelona, se requiere una solución en el tiempo inmediato. Las propuestas aportadas por sociedad civil, actores sociales y partidos políticos son claras. Entre otras, más policía, cambios legislativos y agilidad judicial. Ada Colau intenta privatizar la seguridad pública en las calles.
Así lo ha declarado en varios medios. Se carga así unas de las políticas públicas más importantes del Estado y una de sus competencias exclusivas como marca la Constitución. “El desastre al que nos ha llevado la Alcaldesa va a repercutir en todo el Estado. ¿Cómo es posible que un gobierno de izquierdas, que debería llevar a cabo unas políticas públicas favorables hacia las personas más desfavorecidas, haya debilitado un sistema de seguridad y a su propia policía que en quien más repercute es en los más desfavorecidos? A su vez, es inadmisible que el partido de Colau tolere una auténtica privatización de la seguridad en el espacio público»
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