En concreto reclama que se mejore su retribución, que se amplíen las plantillas y que se les garantice su carácter de agentes de la autoridad.
Destaca que trabajar por la reinserción y la resocialización de los reclusos es una labor esencial para la democracia que requiere mejorar la formación continua de estos empleados públicos.
A juicio del grupo popular, España necesita un sistema penitenciario más funcional y que atienda al creciente problema de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones por parte de la población reclusa.
Añade que los equipos con los que trabajan debe ser acorde con las situaciones de peligrosidad que sufren las cárceles españolas y recuerda que según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones se registra una media de un ataque al día con resultado de alguna lesión.
El PP recuerda que con los últimos datos oficiales de mayo de 2019 en las cárceles españolas había en esa fecha 54.807 reclusos y 4.522 reclusas, menos que en el mismo mes de diez años antes, 70.330 y 6.070 respectivamente.
Agrega que, sin embargo, la institución penitenciaria ha sufrido cambios de gran impacto con una nueva población reclusa más agresiva y peligrosa.
Así el grupo popular explica que se pueden constatar nuevas formas de organización criminal como bandas armadas paramilitares compuestas por miembros de distintas nacionalidades, mafias del narcotráfico y terrorismo yihadista.
«Muchas de estas expresiones violentas más o menos organizadas cuentan con capacidad operativa fuera de las cárceles y es especialmente preocupante la posibilidad de que puedan llegar a cometer actos contra la integridad del trabajador penitenciario valiéndose de la infraestructura de la banda en el exterior de los centros», indica.
El PP comenta en su iniciativa que los sindicatos advierten de que este tipo de amenazas y agresiones no suelen ser denunciadas por miedo.
A todo ello hay que añadir «males endémicos que el sistema arrastra como vacantes sin cubrir, envejecimiento de las plantillas, consumo de nuevos tipos de estupefacientes de tipología peligrosa por los reclusos y contacto con enfermos mentales por la escasez de psiquiátricos y con internos con enfermedades infecto-contagiosas, que favorecen el aumento de las agresiones y accidentes», apunta.
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