La Fiscalía se basa para ello en un escrito de Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas de la trama y condenada en dos de las causas ya juzgadas, en el que aporta datos que pondrían de manifiesto que García Pelayo conocía la adjudicación de contratos a la red de Francisco Correa antes de que se tramitaran los correspondientes expedientes.
En un comunicado, García Pelayo asegura que el juez de la Audiencia Nacional De la Mata ha desestimado la petición de reapertura de la Fiscalía y achaca el escrito a «una maniobra procesal de Isabel Jordán para intentar reducir su condena».
La diputada subraya que las declaraciones de la exadministradora «no se hallan corroboradas por ninguna otra prueba, ni objetiva ni subjetiva».
Del mismo modo, la diputada desmiente «de forma rotunda y categórica» haber participado en ninguna reunión con las personas que señala Jordán «ni en Serrano 40 ni en ningún otro lugar». «Personas que, como ellos mismos reconocieron, ni conozco ni he conocido», agrega.
Asimismo, insiste en que «en ninguno de los documentos aportados en el juicio por Isabel Jordán aparece ni el nombre ni la firma de María José García Pelayo».
Asimismo, reprocha que «los fiscales, pese a que no se hallaban sometidos a plazo perentorio alguno, formulen su petición apenas unas horas después de presentar la señora Jordán su escrito, sin realizar ninguna diligencia comprobatoria, sin cerciorarse de su veracidad y pese a hallarse el país en plena campaña electoral».
Además, el escrito recuerda que esta causa «ya fue archivada por el Tribunal Supremo al no encontrarse relación ni implicación alguna de García Pelayo en la misma».
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