Un juez de Cataluña, a instancias y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado a la UDEF que proceda al registro de más de 20 ayuntamientos de toda España así como a la detención de 15 responsables municipales (más otras 25 detenciones policiales ordenadas por la fiscalía), en el marco de una macrooperación que acaba de desplegarse en distintos municipios de Barcelona, la comunidad de Madrid y ayuntamientos de Castilla-León, la mayoría vinculados al Partido Popular aunque entre los objetivos de la policía también hay ediles del PSOE.
Multitud de delitos
Según los datos a los que ha tenido acceso Estrella Digital, el juez investiga decenas de adjudicaciones de contratos que habrían vulnerado las normas legalmente establecidas. Los delitos que se imputan a los presuntos responsables de esta trama son los de cohecho, prevaricación, organización criminal, delito contra la administración pública, malversación y falsificación.
La empresa que se habrían beneficiado del grueso de esos contratos adjudicado de forma torticera esta radicada en Barcelona y pertenece al sector de la informática y de las nuevas tecnologías.
Carlos Quílez