Rafael Basterrechea, víctima de la Talidomida, tiene que abonar cerca de cien euros mensuales a la farmacéutica que le provocó graves malformaciones en el cuerpo desde su nacimiento. Para paliar los múltiples dolores que padece, como la escoliosis o las fuertes luxaciones musculares, está obligado a recurrir a medicamentos específicos que solo distribuye la compañía alemana Grünenthal, la misma que le ha causado todo este sufrimiento. Es la macabra paradoja que sufre Rafael, junto a los cerca de 500 afectados por la Talidomida en España.
“Todos los afectados tenemos un envejecimiento terrorífico y padecemos un dolor constante a nivel muscular, tenemos las articulaciones totalmente deformes”, afirma Rafael. Ha intentado buscar fármacos genéricos pero, según asegura, gran parte del monopolio de este tipo de medicamentos está controlado por Grünenthal.
“Es paradójico y doloroso. La totalidad de las víctimas estamos condenadas a tomar los medicamentos de la misma empresa que nos dejó como estamos y que no nos quiere indemnizar”, añade. A pesar de años de lucha en los tribunales, los afectados no han recibido ningún tipo de compensación por parte de la empresa.
“Estamos frustrados”
Por eso, Rafael, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), lucha junto al resto de víctimas para conseguir que la farmacéutica les indemnice por los perjuicios que les ha producido.
“La frustración es el sentimiento general de todos los miembros del colectivo. Nosotros no pedimos nada que no perciba cualquier otra víctima de cualquier otro país del mundo”, explica. Es más, afirma que las víctimas alemanas de la Talidomida reciben pensiones muy elevadas que, en algunos casos, llegan a alcanzar los 7.000 euros al mes.
El medicamento se distribuyó hace décadas en más de 50 países. En España fue comercializado de forma masiva durante los años sesenta para paliar los efectos secundarios que padecen las embarazadas como los vómitos, la ansiedad o el insomnio. Sin embargo, también generó malformaciones en los fetos.
La madre de Rafael fue una de las mujeres que lo ingirió para mitigar las náuseas sin saber que ese fármaco produciría graves daños al bebé. “Somos discapacitados por unos responsables directos. El principal es la farmacéutica que inventó y distribuyó el medicamento sin control, pero no hay que dejar de lado al Estado español, que permitió la venta sin un control exhaustivo”, declara.
“Los gastos salen de nuestro bolsillo”
Rafael hizo frente a su discapacidad y trabajó durante 27 años como jefe de obra en una constructora. Ahora, con 51 años, ha conseguido la incapacidad. Su movilidad es muy reducida y tiene un 82% de discapacidad como consecuencia de la Talidomida. Sus brazos son mucho más cortos de lo normal y convive con multitud de enfermedades.
Necesita la ayuda de un asistente para la mayoría de actividades cotidianas. “Puedo ir y venir con cierta libertad, pero para todo lo demás, higiene, vestido, calzado, comida o limpieza, necesito a alguien que me ayude. Las necesidades son siempre continuas. Muchas de las víctimas dependen de padres, madres, hermanos, tíos… hay historias de todo tipo”, explica.
Solo recibe de la Comunidad de Madrid los 260 euros al mes que le corresponden por su situación de dependencia. “¿Qué asistente pago yo con 260 euros al mes? Pongo dinero de mi bolsillo para mi asistencia personal. También para adaptar el coche, la vivienda, etc. No debería ser así porque no somos los responsables de esto”, lamenta.
Las víctimas también denuncian la indiferencia por parte de la Administración. “Nuestra vida hubiera sido muy diferente, seríamos personas normales que no tendríamos que depender absolutamente de nadie. Ha sido consecuencia de unas claras negligencias”, indica.
Recurso en el Tribunal Constitucional
Además de haber puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir el pago de compensaciones, el pasado jueves AVITE presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el pasado 20 de octubre, en la que se falló que había prescrito el plazo que los afectados tenían para reclamar una indemnización a la compañía alemana. “Tenemos que ser optimistas porque es el único camino que tenemos para intentar conseguir alguna cosa, si no habremos perdido todos los españoles porque vendría a demostrar que en nuestro país no hay justicia”, dice.
Aun así, Rafael cree que los intereses de la industria alemana están por encima del sufrimiento que padecen las víctimas de la Talidomida. “No hay otra explicación ni justificación. Está demostrado a nivel mundial el causante de nuestras malformaciones. Nos hace pensar que hay más poder en la industria alemana que en el gobierno de España. Anteponen las deudas que puedan tener con Alemania a las víctimas. Ya quedamos pocas y nos quedan 15 o 20 años de vida. Nos están mareando y saben que vamos a acabar muriendo. Como dice el refrán, ‘muerto el perro, se acabó la rabia’”, concluye.