El aborto ya no es una prioridad para el Partido Popular. Lo dejó de ser cuando se dio cuenta de que podría acarrearle un importante coste electoral. Las elecciones europeas del pasado 25 de mayo supuso un buen termómetro. El PP perdió 2,6 millones de votos. Y aunque sabe que el voto europeo tiene una dinámica diferente al español, en Génova se ha instalado una sensación generalizada de que no se quiere seguir tentando a la suerte. El aborto es una provocación; y el Gobierno ha optado por retrasar la aprobación del retoque en el que finalmente quedó la ley confeccionada por Gallardón. «Se hará en las próximas semanas». Éste se ha convertido en el mantra del Ejecutivo 'popular' desde el pasado octubre, cuando Alberto Ruiz Gallardón dimitió y asumió sus funciones Rafael Catalá. Pero la reforma 'light' prometida no acaba de ver la luz.
Tras la dimisión del que durante años fuera considerado el 'delfín' de Rajoy, la que hasta el momento era considerada la reforma estrella de la legislatura quedó en agua de borrajas. El Gobierno nunca quiso aceptar que fue un fracaso político; e insistió en que la reforma se iba a llevar a cabo tal y como estaba especificada en su programa electoral. O lo que es lo mismo, el proyecto dejaba de ser una reforma en el sentido más estricto de la palabra y se convertía en un mero retoque de la Ley de protección del menor a través de la cual se prohibiría que las menores de edad pudiera abortar sin consentimiento de los padres, tal y como sí permite la ley aún vigente de plazos que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
«Esto es en lo que está de acuerdo la mayoría de la sociedad». Éste comenzó a ser el nuevo argumento del Partido Popular, que comprendió -aunque tarde- que no podía rendirse a los deseos de un sector tan minoritario. La insistencia de Gallardón por reconciliarse con el ala más dura de su partido, motivado principalmente por su ambición política, le llevó a liderar uno de los proyectos normativos más restrictivos de la democracia. La intención inicial del Ejecutivo 'popular' no sólo era sustituir la ley de plazos de Zapatero por una de supuestos, sino que entre su planes se encontraba además dar una vuelta de tuerca a la ley de 1985. Con la llamada 'ley Gallardón' no se permitiría abortar a las mujeres que alegaran malformación fetal. Una extrema decisión que el Gobierno tuvo que corregir a los meses, pero que aún así no salvó el proyecto.
Finalmente se convirtió en la reforma maldita: no gustaba a nadie, ni siquiera al ala más conservador del PP a la que se suponía que iba dirigida. Tras incluir de nuevo la malfromación como supuesto, la veían insuficiente. A escasos tres meses de que arrancara este importante y decisivo año electoral, Rajoy anunció que paralizada el proyecto, una decisión que llevó a Gallardón al abismo y que sólo le dejó una salida: dimitir. Con su caída, la reforma del aborto quedó huérfana. Una patata caliente que ahora nadie está dispuesto a asumir. El departamento de Justicia, dirigido por Rafael Catalá, y el de Sanidad, con Alfonso Alonso a la cabeza, no acaban de concretar el cambio.
La historia se repite. El Gobierno tardó tres años en decidir qué hacer con la 'ley Gallardón', que finalmente anuló, y ahora pretende hacer lo mismo con el cambio normativo prometido. Es evidente que el aborto sigue siendo una cuestión controvertida para los 'populares'; y no saben cómo darle salida. En lo que a la ejecución respecta no parece muy complicado. Se trata de cambiar el anteproyecto de Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. La palabra «aborto» no aparece por ninguna parte, sino que el Ejecutivo se valdría de un cambio en la redacción de un artículo a la hora de legislar sobre quién tiene la última palabra en las intervenciones médicas a adolescentes: sustituye el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los padres. Lo que ocurre es que este sutil movimiento podría desencadenar un nuevo tsunami político, y eso es lo que el Gobierno quiere evitar en pleno año electoral.
El pasado 2 de diciembre, el ministro Catalá dio a entender en un desayuno informativo que el cambio era inminente. «En las próximas semanas», fue la respuesta exacta del ministro de Justicia. La idea era cerrar el asunto antes de concluir el año. No obstante, pocos días despúes, el recién nombrado ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, pidió «un poco de tiempo» para articular el cambio normativo. Enero se convirtió en la nueva meta, pero resulta que el mes se acaba y el Gobierno sigue sin mover ficha. Hace exactamente doce días, en una entrevista en TVE, Alonso volvió a recurrir al famoso mantra de en «las próximas semanas». Pero incluyó un matiz, el Gobierno no sabía muy bien «cómo encajarla». Este jueves, el ministro de Sanidad, esta vez en un desayuno informativo, insistió en la tesis. «El asunto de los menores no es baladí, pero aún no está resuelto», ha concluido.
De esta manera, nos encontramos con que una reforma que se suponía iba a estar lista los primeros meses de la legislatura, aún no está «resuelta». Fuentes del ministerio de Justicia insisten en que se «resolverá en las próximas semanas», pero lo cierto es que no hay fecha concreta. Ni Catalá, ni Alonso parecen tener mucha prisa. Ambos insisten públicamente en que su «deseo» es que sea lo antes posible, pero todo apunta a que la mano negra de las encuestas internas -que incluso acabaron con la carrera política de Gallardón- sigue planeando por Moncloa.
El PP sabe que cojea entre su electorado más conservador. De hecho, ahí reside su principal fuga de votos. Pero el partido ha encontrado otras vías para reconciliarse con ellos: recuperar al expresidente José María Aznar para hacer campaña, empezar a mimar a la víctimas de ETA con numerosos actos de apoyo y reconocimiento, nombrar a un 'cachorro' de FAES, Pablo Casado, como nuevo director de comunicación de la campaña del 24 de mayo, incluso barajar muy seriamente el nombre de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, para encabezar la lista del PP a la alcaldía de Madrid. Es evidente que el aborto y la Iglesia ya no son una prioridad para el PP. «Yo soy católico, pero la religión está en un lado y la política en el otro», ha llegado a reconocer Alonso.