La práctica totalidad del ayuntamiento de Boadilla del Monte, 19 de sus 21 concejales, tendrá que pasar por los tribunales tras aceptarse a trámite una querella ante ellos. La querella la puso el arquitecto Leopoldo Arnáiz en el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. El auto dice que los concejales acordaron «impedir» que las empresas relacionadas con Arnáiz redactaran planeamientos municipales.
En los fundamentos jurídicos, el Juzgado recoge que en la querella presentada se relatan «hechos que pudieran ser constitutivos de delito» para «cuya persecución no es necesaria la presentación de la querella, razón por la cual debe atribuírsele ya el valor de denuncia con los efectos procesales que a esta son inherentes».
Por lo tanto, se deben incoar «digilencias previas para la averiguación de los hechos denunciados y circunstancias que concurren en su comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 789.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
En los fundamentos jurídicos, el Juzgado recoge que en la querella presentada se relatan «hechos que pudieran ser constitutivos de delito» para «cuya persecución no es necesaria la presentación de la querella, razón por la cual debe atribuírsele ya el valor de denuncia con los efectos procesales que a esta son inherentes».
Por lo tanto, se deben incoar «digilencias previas para la averiguación de los hechos denunciados y circunstancias que concurren en su comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 789.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
La moción en cuestión, incluía dos puntos. El primero era «impedir, dentro de los límites de la legislación vigente, que los instrumentos de planeamiento sean redactados por las empresas relacionadas con Leopoldo Arnáiz».
El segundo era «poner en conocimiento de cualquier vecino o propietario que tenga intención de presentar un proyecto de desarrollo urbanístico en Boadilla del Monte elaborado por Leopoldo Arnáiz el contenido» del acuerdo.
La Corporación se basó para aprobar el acuerdo en las «serias sospechas» que sobre el arquitecto Leopoldo Arnáiz «ha levantado la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera en su último informe sobre el caso Gürtel».
Daños morales
La querella incluye «daños y consecuencias profesionales», Arnaiz atiende a que «ante el padecimiento moral del querellante, es lo cierto que varios han sido los clientes que han puesto en conocimiento del querellante su intención de no continuar con los contratos en curso”.
Arnaiz aclara que la moción se ha mantenido sobre la “injusticia”, «desproporción de la medida sancionadora» y la «debilidad de su fundamento». El arquitecto asegura en su escrito que desde la fecha en la que fue aprobada la moción, en marzo de 2014, «y hasta el momento de redacción» de la querella, ha presentado en el Registro de entrada del Ayuntamiento seis solicitudes de información en las que «no sólo se solicitan aclaraciones» si no que «también se advierte de la posible ilicitud de la actuación del Pleno».