«Limitar la solidaridad». Este fue el concepto de la discordia que empleó hace una semana la dirigente ‘popular’ en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, y que obligó al presidente Mariano Rajoy a convocar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. El revuelo montado fue tal, que incluso le ha sido imposible al presidente este lunes devolver las aguas a su cauce. Hace una semana, una gran parte de los presidentes y líderes ‘populares’ se alzaron en armas contra la propuesta de la catalana como respuesta al desafío soberanista procedente desde Cataluña: «un sistema de financiación que reconozca la singularidad, limite la solidaridad y establezca que los dineros que se aportan al resto de España tengan una aplicación directa, como ocurre con los fondos europeos».
Entonces, uno de los más combativos con la cuestión fue el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien incluso llegó a amenazar con la celebración de una consulta para preguntar a los madrileños qué régimen de financiación quieren si Rajoy decidía contemplar la propuesta de Sánchez Camacho. Este lunes, sin embargo, parece que se ha sumado a la moción de la catalana. El madrileño no ha querido hablar explícitamente de «limitar la solidaridad», sino que ha optado por utilizar conceptos como «artificial e injusto» para quejarse en el fondo de lo mismo: del reparto de la financiación que se hace con el modelo que aprobó en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin unanimidad y según explica González en un artículo que firma en el diario El País con la única pretensión de favorecer a sus «graneros de votos»: Cataluña y Andalucía.
El presidente madrileño se apoya en cifras. «Que el sistema trata a Madrid de forma discriminatoria lo demuestra que, mientras el Estado recauda en nuestra comunidad 66.000 millones de euros, los madrileños recibimos de la financiación algo más de 11.000 millones, es decir, el 17%. En Cataluña se recaudan 27.000 millones de euros y les revierte 15.700, el 58%. Y en Andalucía, que recaudan 8.800 millones de euros, reciben prácticamente 16.000, es decir, el 184%». Según fuentes ‘populares’ consultadas por ESTRELLA DIGITAL, ni Sánchez-Camacho, ni González «contemplan ningún modelo de financiación autonómica que no sea solidario e igualitario», pero lo cierto es que las últimas manifestaciones de ambos han hecho saltar las alarmas en el número 13 de la calle Génova. El hecho de que los dirigentes ‘populares’ de dos de las comunidades autónomas más ricas insistan tanto en hablar de otro reparto de los recursos comienza a preocupar y mucho a los dirigentes de las más pobres como Extremadura o Castilla y León que verían así peligrar su recuperación.
«El principio de solidaridad viene recogido en la Constitución», ha recordado Monago este lunes a la puerta de la sede nacional de los ‘populares’ y antes de reunirse con Rajoy. Y en términos muy similares se han expresado a su llegada a Génova también la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi y el de La Rioja, Pedro Sanz, quien ha apelado al manifiesto que los populares firmaron en 2008 en San Millán de la Cogolla, en el que abogaban por una financiación basada en la solidaridad interterritorial. Manifiesto que según ha recordado la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Nacional tiene plena validez.
Hasta el momento, el principio de solidaridad parecía uno de los más respetados dentro del Partido Popular. Era el eslogan más coreado, incluso por Madrid. Aunque la larga crisis económica que afecta a España y el desafío soberanista procedente desde Cataluña han obligado a algunos de sus dirigentes a reconducir sus discursos políticos. Si algo ha quedado claro es que el modelo de financiación autonómico vigente no gusta a nadie en el Partido Popular; pero lo que la mayoría defiende es que el momento de su discusión no ha llegado aún. Rajoy llegó al Gobierno con la promesa de revisarlo y lo hará; pero no ahora. Ni la Moncloa ni Génova consideran «lógico» abrir este melón ahora, cuando la crisis económica aún no se ha superado.
«Este año se nos han quitado 1.000 millones, y la previsión para 2014 es consolidar una pérdida de otros 1.300 millones de euros», se queja amargamente González, quien asegura que con ese dinero podría construirse en Madrid 274 colegios, 158 bibliotecas, 21 kilómetros de metro, cubrir toda la subvención al transporte público o sufragar todas las actuaciones que llevamos adelante en materia de servicios sociales. La petición de Camacho no es tanto económica, sino más bien política. La dirigente ‘popular’ no encuentra su hueco en Cataluña -Ciudadanos, la formación liderada por Albert Rivera, le está ganando el pulso-. Así que la exigencia de ambos pasa por reformar el modelo de financiación autonómica; y hacerlo ya. Antes de que finalice 2013, ha pedido González recurriendo a la ley. Discurso al que Baleares también se ha unido. Aunque la respuesta de Rajoy, de Montoro y de la dirección nacional del partido ha sido unánime: un no rotundo. El Gobierno ‘popular’ respetará los plazos que se dieron en la pasada Conferencia de Presidentes: publicación de las balanzas fiscales -finales de 2013-; reforma fiscal -finales de marzo de 2014- y revisión del modelo de financiación autonómica ya de cara al segundo semestre de 2014.
Balanzas fiscales, otro motivo de discusión
No obstante, la solidaridad interterritorial y los tiempos para reformar el modelo de financiación no son los únicos motivos de discordia. La publicación de la balanzas fiscales también ha enfrentado a los ‘barones’ del PP este lunes. Herrera y Monago se han vuelto a oponer a una reclamación histórica de Cataluña y Madrid, por considerar que es un instrumento que puede crear «discordia» entre comunidades, abrir la guerra del ‘tú más’ y utilizarse de guía del nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno y la dirección nacional ha intentado sofocar el debate y tranquilizar al personal. «No será el único elemento que se tendrá en cuenta para confeccionar el nuevo sistema», ha aclarado Cospedal.
Montoro ha asegurado que nadie se debe «inquietar» por las balanzas fiscales porque están hechas para dar transparencia. Y la ‘número dos’ de Rajoy en el PP ha seguido en la misma línea. «Es un instrumento de transparencia y una garantía de equidad», ha aseverado Cospedal. Al finalizar la reunión nadie se ha querido expresar abiertamente al respecto, únicamente la presidenta aragonesa ha reconocido que existe un debate abierto, aunque también ha aclarado que finalmente será el ministro de Hacienda el que impondrá el método.