«La crisis económica y las medidas de austeridad impulsadas por los gobiernos de España y de la UE están afectando a diversos derechos económicos y sociales como la vivienda, la educación y la salud». Así de contundente se muestra Amnistía Internacional en su Informe 2013, en el que denuncia el «efecto discriminatorio» de estas medidas en las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Desde Amnistía Internacional señalan que el mundo se está convirtiendo «en un lugar cada vez más peligroso para refugiados, migrantes» y también para «quienes pierden su hogar debido a abusos contra los derechos humanos por la mezcla tóxica de dogmas políticos». En este sentido, la organización denuncia que miles de familias afectadas por los desahucios y los desalojos forzosos se encuentran en una situación de «indefensión». Un drama que pone de manifiesto que en España existe un grave problema enorme en la justicia. Por ello, exige una reforma constitucional con el fin de que el acceso a la vivienda sea considerado un derecho fundamental.
De esta forma, AI se suma a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante la presentación de su Informe 2013, un documento en el que también detecta, entre otras violaciones de los Derechos Humanos en España, el uso excesivo de la violencia por parte de la policía en manifestaciones, la limitación del acceso de los inmigrantes a los servicios públicos de salud, expresiones de racismo y discriminación como los controles de identidad por perfil racial o la lacra de la violencia de género.
La organización se muestra muy preocupada porque, a diferencia de otros países europeos, España no protege el derecho a una vivienda digna. Por ello, AI reclama un gran pacto entre PP y PSOE para impulsar un cambio en la Constitución que reconozca el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. Además, exige al Gobierno que deje de deslegitimar a aquellos ciudadanos que se manifiestan pacíficamente contra las medidas adoptadas frente a la crisis, como desahuciados y miembros de la PAH que, a lo largo del último año, han sido tachados de violentos, radicales e, incluso, terroristas.
Excesos policiales
En su informe anual, AI ha detectado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en manifestaciones. Asimismo, asegura que muchas de las agresiones policiales denunciadas «no fueron investigadas de forma exhaustiva ni eficaz», muchas de las cuales no prosperaron porque los agentes implicados no iban adecuadamente identificados.
Un claro exponente en el que AI pone el acento se produjo durante la manifestación del 25 de septiembre en Madrid, cuando varios agentes policiales sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon pelotas de goma contra ellos y amenazaron a los periodistas que cubrían la información de los hechos en el interior de la estación de Atocha.
Otra cuestión que Amnistía Internacional denuncia como violación de los derechos humanos es la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, que restringía su acceso a los servicios públicos de salud. Alerta también de ciertas prácticas discriminatorias y racistas como los controles selectivos de identidad basados en características étnicas o raciales, y la prohibición y restricción de prendas y símbolos religiosos en las escuelas.
AI también expresa su profunda preocupación por las 46 mujeres que perecieron a manos de su pareja o su expareja en 2012. La organización pone de relieve que, tras siete años de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las víctimas siguen sin tener acceso a medidas de protección efectivas.