Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han logrado este martes un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) –que incluye elementos de interés para España como flexibilizar la convergencia interna o ‘tasa plana’ de las ayudas directas–, según ha anunciado cerca la medianoche la presidencia irlandesa de la UE. La reforma definitiva deberán negociarla en los próximos meses con la Eurocámara y la Comisión Europea.
«Tenemos una fuerte mayoría cualificada para el mandato negociador», ha dicho en una sesión pública el ministro irlandés de Agricultura y presidente de turno de la UE, Simon Coveney, al término de las negociaciones. Coveney ha advertido a los ministros, sin embargo, que algunas de las concesiones del texto aprobado necesitarán «aclaraciones» más adelante.
Al término de la reunión, el ministro español, Migue Arias Cañete, se ha mostrado «satisfecho» porque el contenido del texto recoge los principales objetivos que el Gobierno consensuó con las Comunidades Autónomas y con el sector, pero también se ha declarado «prudente», consciente de que no es el acuerdo definitivo, sino que la reforma debe pactarse también con la Eurocámara y Bruselas.
Solo Eslovenia y Eslovaquia han votado en contra de la posición final consensuada por los ministros.
Con este convenio, los gobiernos europeos acuerdan defender en las negociaciones una reforma «más verde» que condicionará el 30 % de las ayudas directas al cumplimiento de determinadas prácticas medioambientales, tal y como pedía Bruselas, pero con la posibilidad de medidas equivalentes para flexibilizar este mecanismo.
Así, prevé un tratamiento diferenciado para los cultivos permanentes como el olivar tradicional y los frutos secos para que puedan optar al ‘pago verde’ o ‘greening’ sin exigirles medidas adicionales.
Tras cerca de 14 horas de contactos bilaterales y negociaciones formales, los Veintisiete han logrado consensuar una posición negociadora que recoge parte de las aspiraciones de España, incluida una flexibilización de la convergencia interna que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha criticado por falta de «ambición» y del que ha dicho que «no poder admitir».
Lo que propuso la presidencia como solución a las diferencias sobre la convergencia interna ha sido limitar esa aproximación entre las ayudas al 30 % de la diferencia que separa la media de pago en una región del 90 % de esa media, una opción que satisfaría los intereses de la delegación española, aunque encontró reservas en países como Alemania.
Cuotas de azúcar
Los 27 también han consensuado apoyar una prórroga del sistema de cuotas de producción de azúcar hasta 2017, frente a la liberalización del sector prevista para 2015, tal y como pedía España y otros países.
El texto final, además, apuesta por un 12 % de apoyos acoplados –vinculados a la producción–, un margen que no llega al 15 % que defienden países como España, Francia, Italia y Polonia, pero que mejora el 10 % previsto en documentos anteriores. Del otro lado, países tradicionalmente liberales como Reino Unido, Alemania y Suecia son partidarios de reducir al máximo este tipo de instrumento y se resistieron a este porcentaje, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
El ministro Arias Cañete ha intervenido en la sesión final a Veintisiete para celebrar el acuerdo y expresar comprensión por la «imposibilidad» de que el texto atendiera todas las demandas de cada delegación. Y ha anunciado que firmará una carta con una decena de países para pedir elevar aún más, hasta el 15 %, las ayudas acopladas de un Estado miembro.
También ha confiado en que las negociaciones que quedan por delante sirvan para «convencer al comisario de que la convergencia interna es mucho más ambiciosa» que el equilibrio de las ayudas entre países pactado por los líderes europeos.
El acuerdo atiende también a la petición española de limitar de algún modo el máximo de superficie elegible para recibir fondos a partir de 2014.
El Gobierno teme que sin esta flexibilización tendría que repartir las ayudas entre 38 millones de hectáreas en lugar de las aproximadamente 22 millones que registró en 2011 y, según fuentes consultadas, el mecanismo de ajuste que propone la presidencia permitiría a España mantener la superficie elegible en niveles actuales.