sábado, mayo 18, 2024
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Sindicatos y padres de alumnos acusan a los centros concertados de practicar segregación económica

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Las cuotas mensuales que algunos colegios concertados de la Comunidad de Madrid obligan a pagar a sus alumnos acaban provocando discriminación económica. Esta, a su vez, sería una forma de conseguir segregación racial. Sindicatos, oposición y padres de alumnos denuncian esta práctica, a la vez que critican la impunidad con la que los centros la llevan a cabo, sin que el Gobierno de Esperanza Aguirre mueva un dedo. Sin embargo, la Consejería de Educación responde que solo han recibido 13 denuncias y en todos los casos han actuado.

“Con las cuotas, los colegios consiguen que las familias sin recursos, como inmigrantes y gitanos, se vayan a otros centros, porque no las pueden pagar”, afirma a ESTRELLA DIGITAL Eduardo Sabina, responsable de Acción Sindical de FETE-UGT Madrid. Los padres de alumnos alertan de que, además, muchas familias son invitadas a buscar plaza en otros centros debido a su origen social. Así, José Luis Pazos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, coincide con Sabina y añade a este diario que “el resto de la selección se realiza en el momento en el que la familia se presenta en el centro educativo para interesarse por la matriculación. En función del origen, grupo social, aspecto, nivel económico, etc., se aconseja a las familias buscar otros colegios o, directamente, se les niega la existencia de plazas disponibles”.

La Consejería de Educación ha declarado a ESTRELLA DIGITAL que solo han recibido “13 denuncias” por el cobro de cuotas en centros concertados. Añaden que “en todas ellas se ha abierto expediente y ha actuado la inspección educativa, que es la competente para investigarlas. En todos los casos, los expedientes se han resuelto satisfactoriamente. En algunas ocasiones la inspección educativa ha dado la razón a los centros y en otras estos han tenido que modificar algún aspecto referente al cobro de cuotas o a la información que daban a las familias”.

El caso más reciente es el del Trinity College de San Sebastián de los Reyes, al que la Consejería ha pedido que devuelva 26 euros de las cuotas mensuales a las familias que los reclamen y que se les informe de que son voluntarias. Sin embargo, sindicatos, oposición y padres de alumnos reclaman mayor contundencia por parte del Gobierno regional y llegan a solicitar que se retire el concierto a los colegios que no cumplan la ley. Esta establece como faltas graves la reiteración en el cobro de cuotas así como la selección de alumnado.

Una solución es denunciar cuando se considere que se es víctima de un abuso. El problema radica, según relata José Luis Pazos, en que “es muy difícil que una familia denuncie estos hechos, pues antes de iniciar un trámite judicial lento y costoso, prefieren cambiar de colegio a sus hijos e hijas. Ello hace que los centros tengan una sensación real de impunidad”. Asimismo, critica la vista gorda del Gobierno autonómico, que en su opinión es premeditada puesto que “la educación que buscan es aquella que dependa del estatus económico de las familias”. El temor principal es que esta situación genere un futuro de la educación madrileña que conste de colegios privados para quienes puedan pagarlos, y públicos para el resto.

Otra consecuencia de esta práctica es que lleva a la falsa percepción, por parte de los ciudadanos, de que la enseñanza privada consigue mejores resultados que la pública. Una conclusión a la que no llegan los estudios pedagógicos y que está provocada, según Pazos, por “la selección previa que se realiza del alumnado y de sus familias”, no por los programas educativos de los distintos centros.

Este problema se agrava en el caso de colegios pertenecientes a órdenes religiosas ultraconservadoras, en los que también se practica la segregación por sexos. Es el caso del Arenales de Arroyomolinos. En su página web, este centro defiende su propuesta educativa  diferenciada, que “apuesta por una atención especializada en esas características propias de cada sexo”. Según Eduardo Sabina, “los grupos conservadores que segregan por sexos no deberían tener conciertos”.

La segregación por sexos no es exclusiva de Madrid. Según denuncian los sindicatos de enseñanza, alrededor de 50 colegios concertados en toda España mantienen este modelo educativo, la mayoría en Galicia, País Valenciano y Madrid. Asimismo, aseguran que los centros que optan por la educación diferenciada suelen estar vinculados a grupos religiosos ultraconservadores, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. La consejera de Educación del Gobierno de Madrid, Lucía Figar, reconoció este otoño en la Asamblea regional que ocho de los 500 colegios concertados de la región segregan por sexo al alumnado.

En una conferencia pronunciada en Rimini (Italia) el pasado mes de agosto, dentro de unas jornadas convocadas por el grupo ultraconservador católico Comunión y Liberación, la consejera explicó a la audiencia que el Gobierno autonómico ha “elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos”. Y añadió que “estos centros están sostenidos con el dinero público, con fondos de los Gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y por tanto tienen titularidad privada”. Figar aportó datos como el de los 79 centros concertados abiertos en seis años en la Comunidad de Madrid o el del reparto de la oferta educativa: “La escuela pública representa el 52% en nuestra región; la escuela concertada, el 33%; y la escuela al 100% completamente privada, cerca del 15%”, anunció la consejera.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 7 de enero el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. El artículo 16 establece expresamente que “en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”. Este supuesto incluye cualquier tipo de discriminación por origen social y económico, por motivos ideológicos o por sexo.

 

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