La firma del acuerdo social ha mostrado una foto apetecible para el presidente del Gobierno: el estrechamiento de manos entre patronal, sindicatos y Ejecutivo. Lo que además de ser un balón de oxígeno para el presidente Zapatero y que debería de ser también una oportunidad para mejorar la confianza de los mercados, ha quedado deslucido por la ausencia física y política del conjunto de las fuerzas del arco parlamentario, que se han negado a participar en una ceremonia que se había presentado como la reedición de los Pactos de la Moncloa.
No es tan sencillo resolver el papel que cada uno tiene asignado en esta etapa de reformas. Por un lado, el papel que se le asigna al principal partido de la oposición, que debería haber sido un sujeto activo en la gestación de los acuerdos y un garante sobre la aplicación eficaz de sus contenidos en lo que, sin duda, debería definirse como un nuevo pacto de estado, en la que la doble función de gestión y garantía será tan alternativa como el ejercicio del gobierno. De otro, la función de acompañamiento del resto de los grupos políticos, que deben participar en él, a nuestro modo de entender, para potenciar los efectos de confianza internacional en la estabilidad de nuestra economía y redefinir nuevas certezas sobre la seriedad de quienes están al frente de otras muchas administraciones del Estado.
En cualquier caso, los problemas de España permanecen aún muy vivos y no se pueden borrar por un falso espejismo de unidad. Las cifras del paro, que siguen siendo extraordinariamente desalentadoras, y las afiliaciones a la seguridad social, son indicadores de una realidad que no se puede desvanecer, por mucho que se quiera, bajo los flashes de las cámaras. Aún hay mucho que hacer.