Hoy, la prensa económica es unánime en sus titulares al destacar este nuevo frente abierto entre los intereses cruzados, accionarialmente, de las grandes empresas del sector energético y constructor de nuestro país.
Al igual que en su momento el consejo de Repsol YPF ratificó a Brufau al frente de la compañía en contra de los deseos de Del Rivero, la junta que ayer celebró Iberdrola respaldó la gestión de Sánchez Galán frente a ACS. En dicha reunión, la eléctrica ignoró el tercer intento del grupo de Pérez por entrar en su consejo.
No sólo ignoró esta reivindicación, si no que el consejo de Iberdrola también forzó a que ACS tenga que pedir, expresamente, su incorporación a dicho órgano de gobierno en la próxima junta de accionistas. Una junta que la eléctrica convocó ayer mismo para el 26 o 27 de marzo en Bilbao.
En dicha junta, además, se procedió al relevo de dos de los consejeros que habían dimitido y se renovó a otros siete, lo que, en su conjunto, representa dos tercios del total de consejeros de Iberdrola. Unas decisiónes que supusieron una nueva puerta abierta a las reivindicaciones de ACS por acceder al máximo órgano de gobierno de la eléctrica.
Estos relevos y renovaciones se contradicen con lo que Iberdrola había alegado en las dos ocasiones previas que ACS había solicitado su entrada: la eléctrica afirmó en ambas ocasiones, tras varios cambios en su reglamento interno, que no había vacantes disponibles y que este año sólo habría renovaciones y no puestos vacios.
Un pulso que se produce a la vez que el Gobierno ha anunciado su intención de anular por ley los límites que las empresas fijan a los derechos de votos de los accionistas, lo que ha provocado una tormenta en Iberdrola, Repsol, Telefónica, Banco Sabadell y Banco Popular.
De llevarse a cabo esta propuesta, el conflicto entre ACS e Iberdrola podría dar un nuevo giro, según afirman diferentes fuentes empresariales, las cuales no prevén que este cambio se produczca a corto plazo.
El Gobierno pretende con este cambio transponer la Ley de Sociedades Anónimas a la normativa comunitaria, una nueva norma que espera cuente con el apoyo de CiU pero que, aún tramitándose con mucha celeridad, no verá la luz antes de la junta de marzo de Iberdrola.
Si sigue adelante el nuevo cambio legislativo del Gobierno, en España se eliminarán legalmente, parece ser que de una vez por todas, los blindajes con los que cuentan grupos como Iberdrola, que tiene limitados al 10% el derecho de voto de sus accionistas, lo que daría a ACS la oportunidad de reclamar la representación que pide.