El Gobierno había abierto la puerta a ampliar el periodo de cálculo de la pensión, desde los 15 años actuales hasta un total de 25. Lo ha hecho a través del programa de estabilidad 2009-2013, donde ha hecho números sobre lo que supondría esta medida en términos de ahorro. Aunque formalmente la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a 25 años no figura como tal en el documento de propuestas para la reforma de la Seguridad que presentó el pasado viernes, el Ejecutivo sí reconocía que el actual sistema de 15 años perjudicaba a los despedidos al final de su vida laboral, por lo que debían buscarse soluciones a este tema.
En el programa de estabilidad 2009-2013 que ha remitido a Bruselas, el Gobierno español calcula que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del Producto Interior Bruto.
Pero, además, explica en su informe, si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB. Si a esta ecuación se le sumara un incremento en el periodo de cálculo de las pensiones, medida a la que el Ejecutivo parece, a priori, favorable, el gasto en pensiones se reduciría aún más.
Por tanto, dice el Ejecutivo, si a lo largo de la década del 2020 se elevaran en dos años tanto la edad legal de jubilación, que pasaría así a situarse en 67 años, como el mínimo de años cotizados, y a ello se le añadiera un aumento en diez años del periodo para calcular la pensión, «el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB».
Además, Corbacho quiso dejar claro que la única propuesta es la remitida al Pacto de Toledo. «El tema ha quedado suficientemente clarificado por parte del Ministerio de Economía y Hacienda», ha manifestado Corbacho, quien ha querido dejar claro que, en cualquier caso, la referencia al aumento en una década para el cómputo de las pensiones en la Actualización del Programa de Estabilidad «no estaba incluida como propuesta sino como una hipótesis de costes».
Por su parte, y en cuanto al incremento de la edad de jubilación, Corbacho aseguró que «no vamos con una posición dogmática, con una posición que sea la única posible. Queremos escuchar y ver las alternativas que hay y queremos un consenso amplio».
Y es que no sólo el PSOE, sino también PP y CiU confian en acordar la reforma del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo, pese a la polémica que ha suscitado la propuesta. Más negativo es IU, que considera que el Ejecutivo lo ha puesto «muy difícil» al plantear un documento que «rompe el clima del consenso» e impide la negociación.
En todo caso, Corbacho tiene claro que el debate sobre el incremento de la edad de jubilación (el Gobierno ha propuesto elevarla desde los 65 a los 67 años) no se puede eludir, sabiendo que la Seguridad Social podría tener problemas en el 2023 o en el 2029 si se echara mano del Fondo de Reserva para retrasar la entrada en déficit del sistema.
«Este es un debate que algunos pueden pretender aplazar, pero no se puede obviar, está en toda Europa, y hay datos, que ojalá se cumplan, porque eso significaría que la humanidad va conquistando esperanza de vida. En 2020 habrá 2,5 millones de pensionistas más, pero no pararemos ahí: en 2025 habrá más», avisó.
Corbacho destacó que la reforma de pensiones no puede concentrarse en una sola medida, la de incrementar la edad de jubilación. Así, dijo que también deben mejorarse los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral, pues, de aprobarse en los términos propuestos del Gobierno, la elevación de la edad de jubilación no empezaría a aplicarse hasta el 2013.
No es un capricho
Asimismo, insistió en que deben limitarse las jubilaciones anticipadas, sobre todo de empresas que tiene beneficios, y que, incluso en el futuro, podría introducirse cierta flexibilidad para que los conceptos de trabajo y jubilación «no sean contrapuestos sino posibles. Dentro de diez años, la esperanza de vida se acercará más a los 90 que a los 80 y eso al final no va a evitar el debate», puntualizó.
Corbacho explicó que el Gobierno no ha hecho esta propuesta por capricho, pues responde a un mandato del Congreso y el Senado, que en septiembre del año pasado aprobaron sendas mociones para que el Ejecutivo presentara al Pacto de Toledo sus propias ideas, a fin de inspirar el debate de cara a futuras reformas en el sistema de pensiones.
Recorte total y sin paliativos
El portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, juzgó la manera «imprevista e imprudente» del Ejecutivo al presentar una propuesta que supone un recorte «total y sin paliativos» de las pensiones y que no está orientada a prolongar la vida laboral, sino a endurecer las condiciones para acceder a la pensión.
A su parecer, la propuesta no corrige las actuales disfunciones del sistema, sino que puede llegar a «reventarle las costuras». Además, acusó al Gobierno de utilizar un argumento «falso» para prolongar la edad legal de jubilación sin haber presentado elementos técnicos que justifiquen esta iniciativa. A pesar de todo, Burgos confió en que los grupos lleguen a consensuar una reforma.
Frívola, precipitada
Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, calificó de «frívola, precipitada, improvisada y contradictoria» la propuesta del Gobierno de ampliar la edad de jubilación a los 67 años, y reclamó «rigor, seriedad y responsabilidad» al Ejecutivo en materia de pensiones porque hay temas con los que «no se puede jugar».
«Que dejen de hacer fuegos artificiales de cara a la galería para maquillar la mala imagen de España en materia económica», señaló Sánchez Llibre, quien, sin embargo, aseguró que CiU planteará toda una serie de propuestas a la Comisión del Pacto de Toledo para que la reforma de las pensiones se materialice desde otra perspectiva que no genere «ansiedad» a los trabajadores.
Entre sus propuestas, destacó primar el periodo de cotización frente a la edad de jubilación para determinar la pensión, compatibilizar la jubilación voluntaria con un trabajo a tiempo parcial e incrementar el valor del ahorro a largo plazo. «CiU intentará liderar el consenso», aseguró, tras mostrarse convencido de que el Gobierno, finalmente, reformulará su propuesta.
De la misma forma, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se mostró radicalmente en contra de la reforma planteada por el Ejecutivo y acusó al Gobierno de pasar del Pacto de Toledo al «pensionazo de Davos. (La propuesta) tiene que ver con el miedo del Gobierno a los organismos internacionales y la rebaja de la deuda española», aseveró.
A su parecer, el Gobierno pretende convertir a los pensionistas en «rehenes» al intentar mostrarse como «serio solvente» y genera un «alarmismo injustificado» al ofrecer unas previsiones que «fallan más que una escopeta de feria» y recortando un derecho conquistado hace décadas.
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ya había rechazado anteriormente la elevación del cómputo y pidió al Ejecutivo que deje de «meter a la población en una especie de sobresalto continuo».
Para Toxo el Gobierno debe dejar de «sobreactuar», debe concretar de una vez sus propuestas y dejar atrás su política «compulsiva» de ir «soltando a borbotones ideas u ocurrencias».
Esto, advirtió, está «creando un clima difícil para el país» y «próximo a la crispación social», aunque prefirió «no hablar» de la convocatoria de una huelga general.
También UGT expresó su rechazo a que se amplíe la edad de jubilación, el período de cálculo o el número mínimo de años que hay que cotizar.