Los jueces también precisaron que los abogados que representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, indicaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva Administración del presidente Barack Obama.
El recluso en cuestión es el etíope Binyam Mohamed, de 31 años y con estatus legal de residente en el Reino Unido, que lleva más de cuatro años en Guantánamo acusado de conspirar con la red terrorista Al Qaeda para atentar contra civiles.
En el auto, los jueces John Thomas y David Lloyds Jones, afirman que las pruebas de supuesta tortura deberían divulgarse al margen de lo «embarazoso que puedan ser políticamente». Thomas y Jones señalan que no tenían «ninguna razón» para vislumbrar que «se produciría una amenaza tan grave como la efectuada por el Gobierno de Estados Unidos de que reconsideraría el compartir información inteligencia» con el Ejecutivo de Londres si difundían un aparte «limitada pero importante» de las pruebas.
Complicidad
Con conocimiento de la resolución judicial, el diputado conservador David Davis, ex portavoz de Interior del principal partido de la oposición, pidió en el Parlamento explicaciones al Gobierno. Según Davis, el auto sugiere que el Reino Unido fue cómplice de las supuestas torturas infligidas a Mohamed, por lo que exigió que el ministro de Exteriores haga una declaración tan pronto como sea posible para «explicar qué demonios está pasando».
El parlamentario «tory» subrayó que David Miliband tiene que aclarar el «nivel de complicidad» de las autoridades británicas en las presuntas torturas.
El pasado agosto, Mohamed ya ganó una batalla legal al dictar el tribunal Superior que el Gobierno británico debe desclasificar información que el preso reclama como prueba de que sufrió torturas. El etíope argumentó en aquella ocasión que los documentos del Gobierno británico apoyan su tesis de que las pruebas presentadas contra él se obtuvieron mediante tortura.