Los cambios en Trabajo y la insistencia de la oposición en la retirada de la congelación de las pensiones pueden ralentizar la toma de decisiones para acometer la reforma
La urgencia del Gobierno por acometer la reforma del sistema de pensiones para que “sea viable en el futuro” contrasta con el calendario que tiene fijado la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de elaborar propuestas y buscar consensos para la reforma. La idea es que, antes de fin de año, haya acuerdo, pero el proceso se ha ralentizado ante el cambio del nuevo titular en la cartera de Trabajo y la petición de casi toda la oposición de que se de marcha atrás en la congelación de las pensiones.
La llegada de Valeriano Gómez al ministerio ha aireado los rumores esparcidos por UGT de que el retraso en la edad de jubilación puede caerse de los planes del Gobierno. Desde Economía, aseguran que no va a ser así, ya que es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno con el resto de Europa para el cumplimiento de Plan de Estabilidad. Gómez, hasta ahora, no se ha manifestado en contra de establecer un retraso en la edad de jubilación. Lo que ha asegurado en distintos foros es que el sistema, tal y como está concebido, será deficitario a partir de 2025 y que por ello habría que introducir modificaciones. Él habla no sólo de reducción del gasto en pensiones, sino también de aumento en los ingresos y sugiere que los impuestos participen en la financiación de un sistema “que no podrá descansar exclusivamente en las cotizaciones sociales”.
Desde que la comisión del Pacto de Toledo inició el debate hace tres semanas, varias propuestas sobre esa reforma han visto la luz. La comisión no baraja cambios en el sistema de reparto sino modificaciones en la forma de calcular la pensión a que uno tiene derecho cuando se jubila y a partir de qué edad puede disfrutar de ese derecho. Parece que hay un cierto consenso en que los hijos puedan sumar años de cotización para las mujeres. En Francia, por ejemplo, cada descendiente equivale a dos años de cotización a su sistema de seguridad social.
El modelo español se pactó en el los años 90 y optó por el sistema de reparto (un fondo en el que los que trabajan costean a los que se retiran) en lugar del de capitalización (cada uno se hace su propia pensión) que estaba empezando a implantarse en algunos países de nuestro entorno. Ahora, cada asalariado paga la pensión de cuatro jubilados.
El aumento del paro debido a la virulencia de la crisis ha hecho descender de forma muy acusada el número de cotizantes. Eso, mezclado con el envejecimiento de la población española y la presión que ejercen los mercados que nos financian, es lo que ha impulsado la necesidad de una reforma.
Así, el objetivo es contener el gasto en pensiones, que continuará incrementándose en los próximos años, conforme se jubilen quienes ahora trabajan y se reduzca la base de trabajadores en activo como consecuencia de la baja natalidad de los últimos 25 años. La Comisión Europea considera que el pago de las pensiones podría suponer el 15,7% del PIB español en 2050, frente al aproximadamente 9% de la actualidad.
Los estudios, sin embargo, difieren a la hora de valorar si este gasto será o no soportable por la Seguridad Social. Mientras que desde posiciones económicas liberales se sostiene que no y piden recortes, estudios realizados desde la izquierda apuestan por otras vías (más facilidades para tener hijos, elevar la presión fiscal) para no rebajar el coste de las pensiones. Incluso hay quien piensa que, ampliar la edad de jubilación hasta los 67 y el período de cálculo a 20 años, no es suficiente para garantizar la viabilidad futura del sistema.
En términos generales, cualquier ampliación del número de años que se toman para calcular la pensión beneficiará a quienes se vean obligados a dejar su trabajo a partir de los 50 años y estuvieran cotizando hasta entonces en los tramos más altos de la base de cotización. Los trabajadores que saldrán perdiendo pertenecen básicamente a dos colectivos: aquellos, por lo general más cualificados, que fueron subiendo su base de cotización progresivamente, dando el salto a la base máxima durante los últimos quince años; y los autónomos, que pueden planificar la pensión pública que van a recibir elevando su base de cotización a partir de los 44 años. Hasta ahora era desde los 48, pero el Gobierno ha cambiado la normativa para reducir el impacto de esa práctica.